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OPINIÓN

Alejandro Abreu: La trayectoria pública de Miguel Vargas, el relato no contado

En su primer momento público estelar, sin solución prefirió renunciar.

La trayectoria pública de 36 años de Miguel Vargas se inicia en 1982, al ser nombrado por el presidente Salvador Jorge Blanco Director General de la “Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo”. Su primer momento estelar fue la promoción del proyecto de construcción de la “Presa de Madrigal”, que buscaba una solución sostenible a la disposición de este líquido vital para el Gran Santo Domingo.

Venía de realizar en la década del 1970: una labor profesional destacada en la “Compañía Dominicana de Teléfonos” como gerente en su departamento de ingeniería, del inicio de sus exitosas iniciativas empresariales privadas, y de la participación en el Partido Revolucionario Dominicano, de la mano de Fulgencio Espinal.

La realización del proyecto Madrigal fue obstaculizado debido a la división al interior del partido de gobierno, entre las tendencias de los ex presidentes Jacobo Majluta y Jorge Blanco; a pesar de este contar con el visto bueno para ser financiado de manera favorable para el país, por parte de un organismo financiero internacional, diligenciado por el gobierno y Miguel Vargas en su condición de director general de la CAASD.

Más de tres décadas después de la iniciativa para construir la presa en el rio Madrigal afluente del rio Haina, especialistas del área de la ingeniería hidráulica, continúan reconociendo que este era el mejor proyecto y el de menos costos para garantizar la disponibilidad de agua en la zona urbana más importante, y de mayor demanda. Esta oportunidad se perdió por la falta de entendimiento al interior de los grupos de poder de la época.

El primer momento estelar de Miguel Vargas en la vida pública fue limitado por intereses y agentes extraños a él, a sus intenciones y acciones. Por tal causa renunció al cumplir dos años en su primera función pública, el 16 de agosto del 1984.

Sin la solución de la Presa de Madrigal, prefería no ser Director de la CAASD y renunciar a los privilegios que supone ser funcionario público.

Consolidó sus iniciativas empresariales (sin tener cargos públicos) combinándola con un intenso trabajo político de servicio a José Francisco Peña Gómez.

Una vez fuera de los cargos públicos (1984/2000), se dedicó a sus iniciativas empresariales en proyectos de construcción de centros y plazas comerciales, torres de apartamentos y almacenes aduanales, proyectos turísticos y hoteleros; además de acompañar a Peña Gómez, junto a Hatuey Decamps en su respaldo político y financiero, desde la Comisión Económica del PRD.

Sin contar con la existencia del presupuesto público para el mantenimiento de los partidos, sustentó sistemáticamente las iniciativas del LIDER, así como los gastos administrativos y la nómina del PRD.

Fueron dieciséis años de desarrollo de inversiones en diversos campos, de confianza y apoyo al líder histórico de su partido; interrumpidos por sus aspiraciones a Acalde del Distrito Nacional en la convención del 1997, motivado por el propio Peña Gómez para equilibrar las fuerzas al interior del PRD, entre las tendencias del futuro presidente Hipólito Mejía y la del ex ministro y alcalde Fello Suberví. Estás serían las primeras elecciones municipales separadas, recién aprobadas por la reforma constitucional impulsada por el PRD en 1994.

Su segundo gran momento público, vino precisamente de la mano del LIDER HISTORICO del PRD.

En su segundo gran momento político, Miguel Vargas representó de manera directa los intereses y la visión del líder histórico de ese partido. Lo eligió por su hoja de servicio incondicional, fidelidad y la confianza ganada en años de apoyo permanente y consecuente.

Gracias a esta táctica política de lanzar la precandidatura de uno de sus colaboradores más cercanos, se produjo un equilibrio de fuerzas entre los tres principales aspirantes, Eligio Jaquez, Julio Mariñez y Miguel Vargas, incorporado a la competencia a última hora por el pedido expreso del Líder histórico del PRD.

Este tranque posibilita la última candidatura del Dr. Pena Gómez. Su presencia en la boleta electoral del 1998, contribuyó de manera decisiva a la gran victoria de su partido a nivel del Congreso y los Ayuntamientos que a su vez galvanizó el camino para la victoria presidencial del PRD en las elecciones de mayo del 2000.

Su eficaz servicio político a José Francisco Peña Gómez, y por vía de consecuencia a las victorias del PRD, en el 1998 y el 2000, lo catapultó al escenario político nacional de primer nivel.

Lo logrado, se lo ha ganado

por esfuerzo propio. Se mantendría en los próximos dieciocho años (2000-2018) como uno de los principales hombres públicos, y más exitosos funcionarios de nuestra historia republicana.

A partir del 1998 continuarían sus logros profesionales y políticos, fruto de su capacidad gerencial y su visión para ver lo que otros no alcanzan; ahora sin la presencia física de su líder José Francisco Peña Gómez, del cual fue día a día, su fiel escudero en el desarrollo de su intensa agenda, en los campos, ciudades del país, y en sus constantes viajes al exterior.

En sus primeros 23 años de vida pública (1977-2000) solo ocupó dos años un cargo oficial, una evidencia práctica y objetiva de que su patrimonio empresarial y familiar no está asociado a la administración de presupuesto público.

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OPINIÓN

Amadeo Peralta: Acusados de abuso sexual a menores acarrean penas de hasta 5 años de prisión

“manifestó El abuso sexual se configura cuando ha existido una relación consentida de mutuo acuerdo entre un menor y un adulto, y bajo esta condición no es considerada violación sexual”.

La Ley No. 136-03, Código para el Sistema de Protección y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes ha venido a regir las obligaciones del Estado en relación con los derechos fundamentales de los menores de edad, en relación con sus padres y los particulares, estableciendo en sus 487 artículos, disposiciones que, de una y otra manera protegen los derechos de los mismos, muy especialmente los artículos 394 al 415 y establece las penas privativas de libertad y las multas para quienes resulten culpables de violación a sus articulados. 

En su artículo 396 establece tres tipos de abusos contra niños, niñas y adolescentes, entre los cuales está: a). Abuso Físico: cualquier daño físico que reciba el niño, niña o adolescente de forma no accidental y en que la persona que le ocasione esa lesión se encuentre en condiciones de superioridad o poder. “Esto quiere decir que cualquier daño físico producido por una pela o un castigo severo o inhumano o que deje lesiones y marcas visibles en el menor, en sus diferentes modalidades, está castigado como abuso físico; b). Abuso Psicológico: se configura este delito cuando un adulto ataca de manera sistemática el desarrollo personal del niño, niña o adolescente y su competencia social. “Este delito se configura cuando un adulto ofende, insulta, amenaza, menosprecia delante de los demás, agrede verbalmente, gesticula como si fuera agredir, le infiere palabras ofensivas, que al niño, niña o adolescente le causan temor y que afecta su estado de ánimo o desenvolvimiento. c). Abuso Sexual: es la práctica sexual con un niño, niña o adolescente por un adulto o persona cinco años mayor y que el mayor lo realice para su gratificación sexual, sin consideración del desarrollo psico-sexual del niño, niña o adolescente y que puede ocurrir aun sin contacto físico. 

Esta ley establece penas de 2 a 5 años de prisión y multas de 3 a 10 salarios mínimos, si el autor del hecho mantiene una relación de autoridad, guarda o vigilancia (maestros, guardianes, funcionarios, policías, etc.), sobre el niño, niña o adolescente y si se producen lesiones severas comprobadas por especialistas en el área se aplicara el máximo de la pena.

Es oportuno establecer que el abuso sexual cometido por un adulto, puede variar ampliamente dependiendo de cómo se cometa, quien lo cometa y donde ocurra el hecho. En el caso de relaciones sexuales consentidas entre un menor y un adulto, las penas aplicables serán de 2 a 5 años, solo por el consentimiento expreso y carnal que ambos mantenían y, si no existiera el consentimiento entre el menor y el adulto, si no que se tratara de una relación sexual por la fuerza, con violencia, amenazas, constreñimiento, por más de una persona en contra de un menor, aquí estaríamos hablando de una violación sexual cuyas penas serian de 10 a 20 años de prisión y de igual modo, la ley diferencia, en cuanto al autor, que calidad o condición de superioridad familiar existía entre el menor abusado y el adulto en la relación sexual, aun sin contacto físico, la cual podría ser considerada como un incesto y las penas serian de 20 años de prisión.

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