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OPINIÓN

Andrés Dauhajre Hijo: Una campaña contra la Nación

Danilo descansará cuando alcance la meta de 10 millones de turistas. Ni el sargazo ni la bien hilvanada campaña en el exterior sobre el fallecimiento de turistas estadounidenses, lo van a detener. Ha conformado una alianza inquebrantable con el empresariado hotelero para evitar el ingreso del sargazo a las playas del Este. Está consciente, por otra parte, que la campaña perversa sobre la baja probabilidad de sobrevivir en nuestra geografía que tienen los turistas, tiene los días contados.
Algunos piensan que la campaña ha sido orquestada por países competidores de República Dominicana en el mercado del turismo. Sostienen que, en la carrera de atracción de turistas, Dominicana le está sacando la milla a todos. Para frenar ese crecimiento, sus competidores presentan casos de turistas norteamericanos que han fallecido en nuestro país. El problema que enfrenta esta hipótesis es que Estados Unidos es el país del mundo con la más amplia y variada base de informaciones estadísticas que permiten comprobar la validez o la falsedad de cualquier hipótesis.

Entrando a la base de datos del Departamento de Estado de los EUA, encontramos la data sobre los ciudadanos estadounidenses fallecidos en cada uno de los países del mundo. Esta data incluye a todos los ciudadanos estadounidenses fallecidos, dentro de los cuales se encuentran los turistas provenientes de ese país fallecidos en el país receptor. Utilizaremos los datos de 2018. El siguiente paso es obtener la información de la llegada de turistas estadounidenses en cada uno de los países del mundo en el 2018, para los cuáles esta información está disponible. Tomaremos solamente los países donde llegan 50,000 o más turistas de EUA. Con ambas informaciones, pasamos entonces a construir el siguiente índice: muertes de ciudadanos estadounidenses por cada 100,000 turistas de EUA.

¿Cuál es el país del mundo donde los ciudadanos de EUA tienen la mayor probabilidad de fallecer? ¡República Dominicana!, vocearía el gracioso comediante. Tranquilo, no se acelere. La respuesta correcta es Uruguay. ¿Uruguay? Si. En el 2018, Uruguay lideró al mundo con un índice de 7.5 muertes por cada 100,000 turistas estadounidenses. ¿Ha visto alguien alguna noticia sobre este “genocidio de estadounidenses”? Nope. ¿Quién le sigue? ¡Dominicana! vuelve a gritar. Negativo. El segundo lugar corresponde a Tailandia, con 6.6 muertes por cada 100,000 turistas estadounidenses. Honduras, con 5.0 fallecimientos por cada 100,00 turistas, ocupa la tercera posición, seguida por Kenia (3.5), Nueva Zelandia y Ucrania (3.3); Trinidad-Tobago (3.0), Ecuador (2.6), El Salvador, Nepal, Nicaragua, Camboya, Arabia Saudita, Vietnam, Indonesia y Fiyi (2.5); Colombia y Filipinas (2.3); Costa Rica (2.0)….¿y Dominicana? vuelve el comediante a preguntar. Paciencia, ya llegaremos.

La lista continúa con Belice (2.0), México (1.9), Pakistán y San Martín (1.8); Taiwán (1.7), Malasia (1.6), Bolivia, Birmania y Australia (1.5); Haití (1.4), Chile, Bermuda y Sri Lanka (1.3); Corea del Sur (1.2), Guyana, Islas Caimán y Panamá (1.1); Rumania, Islas Turcas y Caicos, Bulgaria y Barbados (1.0); Jamaica, Polonia, Brasil, Jordania y Japón (0.9); Líbano, Perú y Kuwait (0.8); Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos , Islandia, y Sudáfrica (0.7); seguidos por Islandia, Sudáfrica, Grecia, Cuba, Croacia, Ghana Israel y, finalmente, República Dominicana, Hungría, y China (0.6).

Visto que en la región sólo Argentina (0.3) tiene un índice más bajo que República Dominicana (0.6), pues San Cristóbal y Nevis, Bahamas y Santa Lucía con 0.5 están muy próximos al nuestro, la hipótesis de que la campaña perversa se origina en competidores como México, Jamaica o Costa Rica, todos con mayor probabilidad de que un estadounidense firme con los carmelitas cuando visita esas geografías, no puede ser validada.

Otros dicen que es una campaña orquestada internamente, para hacer daño al gobierno, bajar a Danilo, sin importar que la misma afecte al turismo y genere una crisis económica. Esta hipótesis resulta mucho menos creíble que la anterior. ¿Por qué? Muy sencillo. En primer lugar, porque la oposición al Gobierno es más inteligente de lo que algunos le acreditan. No va, por tanto, a tocar una tecla tan peligrosa. Eche un vistazo al segundo gráfico y entenderá porqué. República Dominicana, con 0.6, exhibe hoy día el nivel más bajo del índice de fallecimientos de ciudadanos estadounidenses por cada 100 mil turistas de EUA que nos visitan del período 2002-2018, contra un promedio de 3.6 en el período octubre 2002-diciembre 2004 y 1.7 del período 2005-2012.
En segundo lugar, porque la oposición está consciente que una crisis en el sector turismo que desencadene un aumento de la incertidumbre económica en la Nación, puede convertirse en un arma de doble filo. Nadie debe olvidar el factor determinante de la modificación de los term-limits en New York que permitió a Michael Bloomberg optar y ser elegido por un tercer período consecutivo en el 2009: la crisis financiera global que se inició con el colapso de Lehman Brothers. Los empresarios no se suicidan. Frente a perturbaciones que pudiesen impactar negativamente a la nueva espina dorsal de nuestra economía, el turismo, y elevar el nivel de incertidumbre económica, de seguro que no van a inventar. Querrán que manos experimentadas y totalmente comprometidas con el progreso económico y social de la Nación continúen guiándonos hasta alcanzar la meta de 10 millones de turistas.

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OPINIÓN

Julio Cury: El transfuguismo desde el principio de igualdad

Como sabemos, tanto el art. 49.4 de la Ley núm. 33-18 como el art. 134 de la Ley núm. 15-19, prohíben el transfuguismo, o lo que es lo mismo, que precandidatos que hayan sido registrados en la JCE puedan en el mismo proceso electoral ser nominados a cualquier cargo electivo por una organización política diferente a la que originalmente lo presentó. El debate en torno a la efectividad de dicha prohibición a todos los precandidatos derrotados en las primarias del 6 de octubre pasado, estuvo en principio centrado en la literalidad de ambas normas, pero a partir de su interpretación sistemática y teleológica, fue derribada la teoría que abogados al servicio de Leonel Fernández enarbolaron para socorrer las ambiciones de este último, abriéndole entonces paso a su supuesta inconstitucionalidad.

Desde diferentes ángulos, Eduardo Jorge Prats, Genaro Silvestre, Roberto Medina, Nassef Perdomo y Cristóbal Rodríguez, entre otros colegas altamente calificados, han defendido con razonamientos hermenéuticos y argumentos incontrovertibles la conformidad constitucional de la limitación que las indicadas disposiciones legales prevén. Hasta donde sé, sin embargo, nadie ha abordado el transfuguismo desde la igualdad ante la ley en su dimensión de principio estructural del sistema democrático de derecho, pero antes de hacerlo me permito recordar que las primarias y convenciones, según el párrafo II del art. 47 de la Ley núm. 33-18, se celebran el primer y último domingo de octubre del año preelectoral, respectivamente.

Como otro paso previo al análisis que me he propuesto, debo resaltar que todas las veces que en el proceso de interpretación o aplicación de la ley se arriba a consecuencias jurídicas distintas e injustificadas para dos o más personas en situaciones comparables, se quiebra al contenido esencial del derecho fundamental de igualdad. La relatividad de los derechos fundamentales no exceptúa la igualdad que consagra nuestra Constitución en su art. 49, ya que su reconocimiento como tal no es óbice para que el legislador vincule un supuesto específico a consecuencias jurídicas distintas, siempre y cuando lo haga en atención a una justificación objetiva y proporcional.

De ahí que todas las veces que la norma adjudique beneficios o sanciones diferenciadamente, el principio de igualdad entrará en juego para determinar la razonabilidad del trato diferenciador.

Supongamos un escenario en el que dos partidos hayan decidido escoger sus respectivos candidatos mediante primarias y convención; imaginémonos también que el transfuguismo no esté prohibido y que los precandidatos del partido que haya elegido la modalidad de primarias, inconformes con resultados desfavorables, puedan ser válidamente nominados por el partido que tres semanas después deberá elegir a sus candidatos mediante convención. Es claro que en esas circunstancias hipotéticas, los precandidatos que contenderían en convención no tendrían iguales oportunidades para el ejercicio de su derecho a ser elegibles que los precandidatos del partido que eligió las primarias para definir su oferta electoral, lo que abre de inmediato una interrogante: ¿se transgrediría o no el derecho de igualdad? Antes de evaluar si el trato sería o no desigual, se impone determinar si se trata de dos supuestos de hecho equiparables, o más claramente, si las situaciones de los sujetos bajo revisión son similares, que es lo que la doctrina constitucional llama tertium comparationitis. Inclinarse por la negativa equivaldría suponer que los aspirantes de ambos partidos no tendrían la misma condición ni los mismos propósitos, por lo que siendo inequívoca la afirmativa por tratarse de sujetos bajo situaciones homogéneas, procedería el test de igualdad, cuyo siguiente paso es precisar si el trato es diferenciado o discriminatorio.

A juicio de nuestro Tribunal Constitucional, lo mismo que la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una distinción es discriminatoria si carece de razonabilidad, o sea, si no persigue una finalidad legítima o si no hay una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y el objeto perseguido.

Por muchas vueltas que le doy, no acierto a encontrar una justificación lógica para privilegiar el derecho al sufragio pasivo de unos y restringir el de otros. En efecto, mientras los precandidatos del partido que adoptó las primarias pudieran competir internamente dos veces, los del partido que celebraría convención, en vista de que ese proceso de escogencia se lleva a cabo semanas después que las primarias, no tendrían una segunda oportunidad, lo cual los colocaría en una situación indudablemente desventajosa.

¿Qué pudiera explicar la asimetría de los derechos y facultades de unos respecto de los otros? ¿Cómo acreditaríamos la causa de la sindéresis entre los hechos predeterminantes o el efecto de semejante desequilibrio? ¿Qué fines constitucionalmente relevantes se protegerían al limitar a solo una la oportunidad de los precandidatos que competirían en convención? Las respuestas lógicas a estas preguntas traducen en innecesario el test de razonabilidad a través de sus tres sub-principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad strictu sensu.

Respeto a quienes disienten de mí, pero desde ya rechazo acomodar la interpretación de ley a la ambición política de nadie.

La disparidad de trato que se plantea en el escenario imaginario de la Ley núm. 33-18 sin la existencia de su art. 49.4, no superaría el test de igualdad y, por tanto, la implicación de consecuencias diferentes según el proceso de selección de candidatos de las organizaciones políticas sería inconstitucional. La coexistencia de dos raseros para medir las veces que puede ejercerse el derecho a ser elegible entre grupos de personas en situaciones similares, se separaría de la lógica más elemental, no siendo difícil concluir que el trato dispensado por la ley en el terreno hipotético sobre el que he elaborado este artículo, sería absolutamente discriminatorio. De manera, pues, que en ausencia del art. 49.4 de la repetida Ley núm. 33-18, la admisión de la propuesta de Leonel Fernández como candidato presidencial quebrantaría la igualdad como valor supremo, principio y derecho fundamental.

Y ya como nota al margen, no debemos olvidar que la preservación del sistema democrático es uno de los fines esenciales de los partidos políticos, tal como establece el art. 216 de la Ley Sustantiva; de su cohesión, disciplina y acuerdos programáticos depende que la consecución de ese propósito, y si el desprendimiento de sus miembros resulta inevitable, lo ideal es que obedezca a diferencias ideológicas, nunca a disputas por oportunidades electorales o incentivos materiales. Del vientre de estos dos últimos motivos nace el fenómeno del transfuguismo, propagándose de tal forma que dejó de ser excepción para convertirse en regla. Interesado en desincentivar esta degradante práctica, el legislador concibió las regulaciones que hoy se le antojan inconstitucionales a Fernández, quien abandona al PLD para acercársele a partidos minoritarios para ser candidato, no militante, poniendo así de relieve la naturaleza relacional a corto plazo convenida. Evitar que nuestras organizaciones políticas continúen prestándosele a este o aquel de vientres de alquiler, salvaguardar ni más ni menos que el principio democrático que descansa sobre el sistema de partidos, son los bienes jurídicos protegidos por la proscripción del transfuguismo que la megalomanía del exmandatario se ha empeñado en aniquilar. Y eso no debe ni puede suceder, salvo que nuestro órgano especializado de justicia constitucional esté dispuesto a resignar a su prestigio y autoridad.

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