Connect with us

OPINIÓN

Andrés Dauhajre Hijo: Una campaña contra la Nación

Danilo descansará cuando alcance la meta de 10 millones de turistas. Ni el sargazo ni la bien hilvanada campaña en el exterior sobre el fallecimiento de turistas estadounidenses, lo van a detener. Ha conformado una alianza inquebrantable con el empresariado hotelero para evitar el ingreso del sargazo a las playas del Este. Está consciente, por otra parte, que la campaña perversa sobre la baja probabilidad de sobrevivir en nuestra geografía que tienen los turistas, tiene los días contados.
Algunos piensan que la campaña ha sido orquestada por países competidores de República Dominicana en el mercado del turismo. Sostienen que, en la carrera de atracción de turistas, Dominicana le está sacando la milla a todos. Para frenar ese crecimiento, sus competidores presentan casos de turistas norteamericanos que han fallecido en nuestro país. El problema que enfrenta esta hipótesis es que Estados Unidos es el país del mundo con la más amplia y variada base de informaciones estadísticas que permiten comprobar la validez o la falsedad de cualquier hipótesis.

Entrando a la base de datos del Departamento de Estado de los EUA, encontramos la data sobre los ciudadanos estadounidenses fallecidos en cada uno de los países del mundo. Esta data incluye a todos los ciudadanos estadounidenses fallecidos, dentro de los cuales se encuentran los turistas provenientes de ese país fallecidos en el país receptor. Utilizaremos los datos de 2018. El siguiente paso es obtener la información de la llegada de turistas estadounidenses en cada uno de los países del mundo en el 2018, para los cuáles esta información está disponible. Tomaremos solamente los países donde llegan 50,000 o más turistas de EUA. Con ambas informaciones, pasamos entonces a construir el siguiente índice: muertes de ciudadanos estadounidenses por cada 100,000 turistas de EUA.

¿Cuál es el país del mundo donde los ciudadanos de EUA tienen la mayor probabilidad de fallecer? ¡República Dominicana!, vocearía el gracioso comediante. Tranquilo, no se acelere. La respuesta correcta es Uruguay. ¿Uruguay? Si. En el 2018, Uruguay lideró al mundo con un índice de 7.5 muertes por cada 100,000 turistas estadounidenses. ¿Ha visto alguien alguna noticia sobre este “genocidio de estadounidenses”? Nope. ¿Quién le sigue? ¡Dominicana! vuelve a gritar. Negativo. El segundo lugar corresponde a Tailandia, con 6.6 muertes por cada 100,000 turistas estadounidenses. Honduras, con 5.0 fallecimientos por cada 100,00 turistas, ocupa la tercera posición, seguida por Kenia (3.5), Nueva Zelandia y Ucrania (3.3); Trinidad-Tobago (3.0), Ecuador (2.6), El Salvador, Nepal, Nicaragua, Camboya, Arabia Saudita, Vietnam, Indonesia y Fiyi (2.5); Colombia y Filipinas (2.3); Costa Rica (2.0)….¿y Dominicana? vuelve el comediante a preguntar. Paciencia, ya llegaremos.

La lista continúa con Belice (2.0), México (1.9), Pakistán y San Martín (1.8); Taiwán (1.7), Malasia (1.6), Bolivia, Birmania y Australia (1.5); Haití (1.4), Chile, Bermuda y Sri Lanka (1.3); Corea del Sur (1.2), Guyana, Islas Caimán y Panamá (1.1); Rumania, Islas Turcas y Caicos, Bulgaria y Barbados (1.0); Jamaica, Polonia, Brasil, Jordania y Japón (0.9); Líbano, Perú y Kuwait (0.8); Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos , Islandia, y Sudáfrica (0.7); seguidos por Islandia, Sudáfrica, Grecia, Cuba, Croacia, Ghana Israel y, finalmente, República Dominicana, Hungría, y China (0.6).

Visto que en la región sólo Argentina (0.3) tiene un índice más bajo que República Dominicana (0.6), pues San Cristóbal y Nevis, Bahamas y Santa Lucía con 0.5 están muy próximos al nuestro, la hipótesis de que la campaña perversa se origina en competidores como México, Jamaica o Costa Rica, todos con mayor probabilidad de que un estadounidense firme con los carmelitas cuando visita esas geografías, no puede ser validada.

Otros dicen que es una campaña orquestada internamente, para hacer daño al gobierno, bajar a Danilo, sin importar que la misma afecte al turismo y genere una crisis económica. Esta hipótesis resulta mucho menos creíble que la anterior. ¿Por qué? Muy sencillo. En primer lugar, porque la oposición al Gobierno es más inteligente de lo que algunos le acreditan. No va, por tanto, a tocar una tecla tan peligrosa. Eche un vistazo al segundo gráfico y entenderá porqué. República Dominicana, con 0.6, exhibe hoy día el nivel más bajo del índice de fallecimientos de ciudadanos estadounidenses por cada 100 mil turistas de EUA que nos visitan del período 2002-2018, contra un promedio de 3.6 en el período octubre 2002-diciembre 2004 y 1.7 del período 2005-2012.
En segundo lugar, porque la oposición está consciente que una crisis en el sector turismo que desencadene un aumento de la incertidumbre económica en la Nación, puede convertirse en un arma de doble filo. Nadie debe olvidar el factor determinante de la modificación de los term-limits en New York que permitió a Michael Bloomberg optar y ser elegido por un tercer período consecutivo en el 2009: la crisis financiera global que se inició con el colapso de Lehman Brothers. Los empresarios no se suicidan. Frente a perturbaciones que pudiesen impactar negativamente a la nueva espina dorsal de nuestra economía, el turismo, y elevar el nivel de incertidumbre económica, de seguro que no van a inventar. Querrán que manos experimentadas y totalmente comprometidas con el progreso económico y social de la Nación continúen guiándonos hasta alcanzar la meta de 10 millones de turistas.

SIGUE LEYENDO
Advertisement

OPINIÓN

Eduardo Jorge Prats: Ilegalidad de una candidatura del expresidente Fernández

Una eventual candidatura presidencial del expresidente Leonel Fernández, conforme al ordenamiento jurídico-electoral dominicano, es absolutamente ilegal. En efecto, tal como establece el artículo 134 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19, “las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza no podrán ser postuladas por ningún otro partido en el mismo proceso electoral”. Y lo mismo establece el artículo 49.4 de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, aunque algunos juristas arguyen que el texto no es claro, lo que nos lleva a un punto fundamental de la interpretación legal.

Supongamos que, como estos juristas señalan, el texto del artículo 49.4 de la Ley 33-18 no prohíbe a un precandidato perdedor ser candidato, ¿por qué el artículo 10 del “Reglamento para la escogencia de candidatos y candidatas mediante convenciones o encuestas, de conformidad con la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos” dictado el 7 de mayo de 2019, mucho antes de que se armara esta barahúnda política y jurídica sobre el tema, establece que “los candidatos y candidatas que sean postulados en los cargos que han sido reservados para la alta dirección partidaria deberán cumplir con los requisitos que establecen la Constitución y las leyes en esa materia, excepto aquellos que provienen de otras organizaciones políticas, en lo relativo al tiempo de permanencia en el partido, agrupación o movimiento y de manera específica cuando se trate de alianzas o coaliciones, casos en los cuales se podrán presentar personas no pertenecientes a la organización partidaria, siempre que las mismas no hayan participado en primarias o convenciones de otros partidos y en las cuales no hubiesen ganado las posiciones a las que fueron propuestos”? ¿O se dirá ahora que solo quienes aspiran a candidaturas reservadas deberán cumplir con este requisito y que los demás, como es el caso de Fernández, sí pueden haber perdido las posiciones a las que fueron propuestos en otro partido y ser, pese a ello, candidatos?

La finalidad de las normas antes mencionadas es muy clara. No es prohibir que quien fue electo candidato pueda ser candidato, conclusión absurda a las que nos lleva esa exégesis forzada por quienes insisten en no ver lo obvio. Es evitar el transfuguismo, que es el bien jurídico tutelado por la normativa electoral citada. O como afirmó el senador Arístides Victoria Yeb: “La ley, en contra del transfuguismo interno, no va a permitir a los partidos emergentes ir a pescar un dirigente importante que haya perdido una convención de un partido mayoritario para llevarlo como candidato”. Esa fue la intención subjetiva del legislador, pero es también la intención objetiva de la ley, que debe interpretarse de modo sistemático, atendiendo a la economía de sus textos, pero también a su teleología, que debe entenderse en el contexto político. Las leyes no pueden interpretarse en el vacío político, como si se tratara de una fría gramática, de un algoritmo al margen de las intenciones originales de los actores políticos. Algo quiere prohibir la ley electoral y no es un hipotético escenario jalado por los moños. Es lo que dice Victoria Yeb: evitar el transfuguismo.

Hay otras objeciones, de índole constitucional, que han sido avanzadas contra las normas antes citadas. Se habla de limitaciones a los derechos políticos que van más allá de las señaladas en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estas objeciones pasan por alto varios elementos, que podrían ser discutidos en sede jurisdiccional: cuando se agota el derecho político (ya Fernández agotó su derecho a ser elegible); la validez de la limitación de un derecho político siempre y cuando sea razonable y no vulnere su contenido esencial; el hecho de que no se pueden establecer otros límites a los derechos basados en discriminaciones más allá de las categorías sospechosas (edad, nacionalidad, etc.), pero lo que no significa que no se pueden establecer otros límites (como resulta ser la prohibición de la reelección presidencial); y la propia interpretación de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos y de la propia doctrina comparada que milita en contra de esa desvirtuada interpretación.

Mientras tanto -y pese a lo que prevalece en los medios gracias a quienes, aunque están en la oposición supuestamente sojuzgada por un “gobierno omnipotente” y “opresor”, han logrado fácilmente controlar el “relato” e imponer su “hegemonía cultural”- la normativa aludida está vigente, se presume válida y debe ser aplicada por las autoridades

SIGUE LEYENDO

TWITTER

Clasificados

Trending