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OPINIÓN

Eddy Olivares: Oposición y COVID-19

La extremadamente contagiosa pandemia de coronavirus (COVID-19) podrá aterrorizarnos, imponer cambios en nuestra forma de vida, recesar la economía y los empleos, castigarnos con un alejamiento social inhumano, enfermarnos y dañar nuestros pulmones hasta causarnos la muerte, pero no logrará, bajo ninguna circunstancia, cambiar la decisión inquebrantable del pueblo de expulsar del Palacio Nacional y del Congreso al Partido de la Liberación Dominicana.

El candidato del partido de gobierno, Gonzalo Castillo, ha reflejado, con su desesperado y visible interés de capitalizar la pandemia, que no le preocupa en lo más mínimo el sufrimiento del pueblo.

Sin lugar a dudas, Gonzalo Castillo y su partido han visto en la crisis desatada por la COVID-19, una oportunidad para conquistar un apoyo que ya los electores le negaron en las elecciones municipales del pasado 16 de marzo, razón por la cual su mentor y guía, el presidente Danilo Medina, le dio todas las facilidades para que se promoviera como el gran benefactor de los pobres.

Nada puede justificar y nadie puede negar, razonablemente, el comportamiento electorero del gobierno, en medio de una pandemia que nos ha colocado, tristemente, a la cabeza de los países que han promediado más muertos en América Latina, para favorecer, inútilmente, a su candidato, en perjuicio del principal candidato opositor, Luis Abinader, a quien le ha puesto todos los obstáculo para impedirle ser parte de la solución de los graves problemas que afectan al pueblo dominicano.

En ese sentido, la última decisión arbitraria del gobierno en contra de Luis Abinader fue la de prohibirle la entrega directa a las entidades sanitarias de 40 mil kits de pruebas rápidas, cuya carencia por parte del gobierno constituye una de las principales dificultades que sufren los sospechosos de estar infectados del virus.

A pesar de haber sido ignorado por el gobierno, el candidato del Partido Revolucionario Moderno, además de las referidas pruebas, mascarillas y guantes, ha continuado aportando a la solución de los problemas, con propuestas muy bien fundamentadas y recursos humanos altamente calificados, los cuales ha puesto a disposición del presidente Medina.

Innegablemente, Luis Abinader, ha actuado con mucha responsabilidad y madurez durante la grave crisis que ha venido afectando a la nación. Esto ha servido para que la ciudadanía pueda apreciar las magnificas condiciones que lo adornan para suceder al presidente Danilo Medina a partir del 16 de agosto del presente año.

Buenos comportamientos de la oposición, como el observado por el candidato Luis Abinader, han sido reconocidos como fundamentales para la calidad de una democracia por el reconocido politólogo italiano, Gianfranco Pasquino, quien sostiene en su obra, La oposición, lo siguiente: “Siendo así las cosas, se puede afirmar que la calidad de una democracia no depende solo de la virtud de su gobierno o de la interacción del gobierno con la oposición, sino, de modo muy especial, de la capacidad de esta última”.

Finalmente, es justo destacar que la oposición propositiva y firme del mencionado candidato del PRM, le ha ayudado a ganarse la confianza de todos los sectores sensatos de la sociedad y del cuerpo electoral, el cual lo escogerá como presidente para levantar al país de la ruina económica e institucional en la que se encuentra.

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OPINIÓN

Franklín García Fermín: Habrá elecciones

En mi anterior colaboración concluí que el mandato presidencial de Danilo Medina termina indefectiblemente el 16 de agosto, en virtud de lo que establece el art. 274 de la Constitución.

La pregunta de hoy es, sí la Junta Central Electoral (JCE) tiene facultad legal de posponer las elecciones pautadas para el 17 de mayo.

Los artículos 126 y 129 de nuestra Carta Magna se refieren a la sucesión del presidente y vicepresidente de la República que hayan sido normalmente electos en las fechas previstas en la Constitución. Por el contrario, el caso que nos preocupa es el hecho de que no se celebren las elecciones estipuladas el 17 de mayo, y se ponga en riesgo la sucesión para el 16 de agosto, como consecuencia de la pandemia COVID-19.

En este momento de crisis, es evidente que las elecciones previstas para el 17 de mayo deberán posponerse para celebrarse en fecha que pueda salvar el acto de juramentación del 16 de agosto.

Para solventar la situación, hay que recurrir al artículo 212 de la Constitución que le otorga facultad reglamentaria a la JCE en los asuntos de su conveniencia para tomar todas las decisiones que garanticen la idoneidad de los procesos electorales.

Además, a esto se agrega lo que estatuye el art.18, numeral 22, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral núm.15-19, de fecha 18 de febrero de 2019, que señala, entre las atribuciones del Pleno de la JCE, las medidas que considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral, y dictar todas las instrucciones que juzgue necesarias y convenientes, a fin de rodear el sufragio de las mayores garantías.

En consecuencia, ante la situación de hecho que vivimos hay que darle una salida institucional, que cuente con el mayor consenso.

De ahí que se ha propuesto la celebración de las elecciones para el primer domingo de julio, a fin de garantizar que el 16 de agosto se cumpla con la Constitución y se haga la transferencia de mando, y el país recobre la normalidad y se encamine hacia el verdadero cambio.

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