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OPINIÓN

Eduardo Jorge Prats: Ilegalidad de una candidatura del expresidente Fernández

Una eventual candidatura presidencial del expresidente Leonel Fernández, conforme al ordenamiento jurídico-electoral dominicano, es absolutamente ilegal. En efecto, tal como establece el artículo 134 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19, “las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza no podrán ser postuladas por ningún otro partido en el mismo proceso electoral”. Y lo mismo establece el artículo 49.4 de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, aunque algunos juristas arguyen que el texto no es claro, lo que nos lleva a un punto fundamental de la interpretación legal.

Supongamos que, como estos juristas señalan, el texto del artículo 49.4 de la Ley 33-18 no prohíbe a un precandidato perdedor ser candidato, ¿por qué el artículo 10 del “Reglamento para la escogencia de candidatos y candidatas mediante convenciones o encuestas, de conformidad con la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos” dictado el 7 de mayo de 2019, mucho antes de que se armara esta barahúnda política y jurídica sobre el tema, establece que “los candidatos y candidatas que sean postulados en los cargos que han sido reservados para la alta dirección partidaria deberán cumplir con los requisitos que establecen la Constitución y las leyes en esa materia, excepto aquellos que provienen de otras organizaciones políticas, en lo relativo al tiempo de permanencia en el partido, agrupación o movimiento y de manera específica cuando se trate de alianzas o coaliciones, casos en los cuales se podrán presentar personas no pertenecientes a la organización partidaria, siempre que las mismas no hayan participado en primarias o convenciones de otros partidos y en las cuales no hubiesen ganado las posiciones a las que fueron propuestos”? ¿O se dirá ahora que solo quienes aspiran a candidaturas reservadas deberán cumplir con este requisito y que los demás, como es el caso de Fernández, sí pueden haber perdido las posiciones a las que fueron propuestos en otro partido y ser, pese a ello, candidatos?

La finalidad de las normas antes mencionadas es muy clara. No es prohibir que quien fue electo candidato pueda ser candidato, conclusión absurda a las que nos lleva esa exégesis forzada por quienes insisten en no ver lo obvio. Es evitar el transfuguismo, que es el bien jurídico tutelado por la normativa electoral citada. O como afirmó el senador Arístides Victoria Yeb: “La ley, en contra del transfuguismo interno, no va a permitir a los partidos emergentes ir a pescar un dirigente importante que haya perdido una convención de un partido mayoritario para llevarlo como candidato”. Esa fue la intención subjetiva del legislador, pero es también la intención objetiva de la ley, que debe interpretarse de modo sistemático, atendiendo a la economía de sus textos, pero también a su teleología, que debe entenderse en el contexto político. Las leyes no pueden interpretarse en el vacío político, como si se tratara de una fría gramática, de un algoritmo al margen de las intenciones originales de los actores políticos. Algo quiere prohibir la ley electoral y no es un hipotético escenario jalado por los moños. Es lo que dice Victoria Yeb: evitar el transfuguismo.

Hay otras objeciones, de índole constitucional, que han sido avanzadas contra las normas antes citadas. Se habla de limitaciones a los derechos políticos que van más allá de las señaladas en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estas objeciones pasan por alto varios elementos, que podrían ser discutidos en sede jurisdiccional: cuando se agota el derecho político (ya Fernández agotó su derecho a ser elegible); la validez de la limitación de un derecho político siempre y cuando sea razonable y no vulnere su contenido esencial; el hecho de que no se pueden establecer otros límites a los derechos basados en discriminaciones más allá de las categorías sospechosas (edad, nacionalidad, etc.), pero lo que no significa que no se pueden establecer otros límites (como resulta ser la prohibición de la reelección presidencial); y la propia interpretación de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos y de la propia doctrina comparada que milita en contra de esa desvirtuada interpretación.

Mientras tanto -y pese a lo que prevalece en los medios gracias a quienes, aunque están en la oposición supuestamente sojuzgada por un “gobierno omnipotente” y “opresor”, han logrado fácilmente controlar el “relato” e imponer su “hegemonía cultural”- la normativa aludida está vigente, se presume válida y debe ser aplicada por las autoridades

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OPINIÓN

Julio Cury: El transfuguismo desde el principio de igualdad

Como sabemos, tanto el art. 49.4 de la Ley núm. 33-18 como el art. 134 de la Ley núm. 15-19, prohíben el transfuguismo, o lo que es lo mismo, que precandidatos que hayan sido registrados en la JCE puedan en el mismo proceso electoral ser nominados a cualquier cargo electivo por una organización política diferente a la que originalmente lo presentó. El debate en torno a la efectividad de dicha prohibición a todos los precandidatos derrotados en las primarias del 6 de octubre pasado, estuvo en principio centrado en la literalidad de ambas normas, pero a partir de su interpretación sistemática y teleológica, fue derribada la teoría que abogados al servicio de Leonel Fernández enarbolaron para socorrer las ambiciones de este último, abriéndole entonces paso a su supuesta inconstitucionalidad.

Desde diferentes ángulos, Eduardo Jorge Prats, Genaro Silvestre, Roberto Medina, Nassef Perdomo y Cristóbal Rodríguez, entre otros colegas altamente calificados, han defendido con razonamientos hermenéuticos y argumentos incontrovertibles la conformidad constitucional de la limitación que las indicadas disposiciones legales prevén. Hasta donde sé, sin embargo, nadie ha abordado el transfuguismo desde la igualdad ante la ley en su dimensión de principio estructural del sistema democrático de derecho, pero antes de hacerlo me permito recordar que las primarias y convenciones, según el párrafo II del art. 47 de la Ley núm. 33-18, se celebran el primer y último domingo de octubre del año preelectoral, respectivamente.

Como otro paso previo al análisis que me he propuesto, debo resaltar que todas las veces que en el proceso de interpretación o aplicación de la ley se arriba a consecuencias jurídicas distintas e injustificadas para dos o más personas en situaciones comparables, se quiebra al contenido esencial del derecho fundamental de igualdad. La relatividad de los derechos fundamentales no exceptúa la igualdad que consagra nuestra Constitución en su art. 49, ya que su reconocimiento como tal no es óbice para que el legislador vincule un supuesto específico a consecuencias jurídicas distintas, siempre y cuando lo haga en atención a una justificación objetiva y proporcional.

De ahí que todas las veces que la norma adjudique beneficios o sanciones diferenciadamente, el principio de igualdad entrará en juego para determinar la razonabilidad del trato diferenciador.

Supongamos un escenario en el que dos partidos hayan decidido escoger sus respectivos candidatos mediante primarias y convención; imaginémonos también que el transfuguismo no esté prohibido y que los precandidatos del partido que haya elegido la modalidad de primarias, inconformes con resultados desfavorables, puedan ser válidamente nominados por el partido que tres semanas después deberá elegir a sus candidatos mediante convención. Es claro que en esas circunstancias hipotéticas, los precandidatos que contenderían en convención no tendrían iguales oportunidades para el ejercicio de su derecho a ser elegibles que los precandidatos del partido que eligió las primarias para definir su oferta electoral, lo que abre de inmediato una interrogante: ¿se transgrediría o no el derecho de igualdad? Antes de evaluar si el trato sería o no desigual, se impone determinar si se trata de dos supuestos de hecho equiparables, o más claramente, si las situaciones de los sujetos bajo revisión son similares, que es lo que la doctrina constitucional llama tertium comparationitis. Inclinarse por la negativa equivaldría suponer que los aspirantes de ambos partidos no tendrían la misma condición ni los mismos propósitos, por lo que siendo inequívoca la afirmativa por tratarse de sujetos bajo situaciones homogéneas, procedería el test de igualdad, cuyo siguiente paso es precisar si el trato es diferenciado o discriminatorio.

A juicio de nuestro Tribunal Constitucional, lo mismo que la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una distinción es discriminatoria si carece de razonabilidad, o sea, si no persigue una finalidad legítima o si no hay una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y el objeto perseguido.

Por muchas vueltas que le doy, no acierto a encontrar una justificación lógica para privilegiar el derecho al sufragio pasivo de unos y restringir el de otros. En efecto, mientras los precandidatos del partido que adoptó las primarias pudieran competir internamente dos veces, los del partido que celebraría convención, en vista de que ese proceso de escogencia se lleva a cabo semanas después que las primarias, no tendrían una segunda oportunidad, lo cual los colocaría en una situación indudablemente desventajosa.

¿Qué pudiera explicar la asimetría de los derechos y facultades de unos respecto de los otros? ¿Cómo acreditaríamos la causa de la sindéresis entre los hechos predeterminantes o el efecto de semejante desequilibrio? ¿Qué fines constitucionalmente relevantes se protegerían al limitar a solo una la oportunidad de los precandidatos que competirían en convención? Las respuestas lógicas a estas preguntas traducen en innecesario el test de razonabilidad a través de sus tres sub-principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad strictu sensu.

Respeto a quienes disienten de mí, pero desde ya rechazo acomodar la interpretación de ley a la ambición política de nadie.

La disparidad de trato que se plantea en el escenario imaginario de la Ley núm. 33-18 sin la existencia de su art. 49.4, no superaría el test de igualdad y, por tanto, la implicación de consecuencias diferentes según el proceso de selección de candidatos de las organizaciones políticas sería inconstitucional. La coexistencia de dos raseros para medir las veces que puede ejercerse el derecho a ser elegible entre grupos de personas en situaciones similares, se separaría de la lógica más elemental, no siendo difícil concluir que el trato dispensado por la ley en el terreno hipotético sobre el que he elaborado este artículo, sería absolutamente discriminatorio. De manera, pues, que en ausencia del art. 49.4 de la repetida Ley núm. 33-18, la admisión de la propuesta de Leonel Fernández como candidato presidencial quebrantaría la igualdad como valor supremo, principio y derecho fundamental.

Y ya como nota al margen, no debemos olvidar que la preservación del sistema democrático es uno de los fines esenciales de los partidos políticos, tal como establece el art. 216 de la Ley Sustantiva; de su cohesión, disciplina y acuerdos programáticos depende que la consecución de ese propósito, y si el desprendimiento de sus miembros resulta inevitable, lo ideal es que obedezca a diferencias ideológicas, nunca a disputas por oportunidades electorales o incentivos materiales. Del vientre de estos dos últimos motivos nace el fenómeno del transfuguismo, propagándose de tal forma que dejó de ser excepción para convertirse en regla. Interesado en desincentivar esta degradante práctica, el legislador concibió las regulaciones que hoy se le antojan inconstitucionales a Fernández, quien abandona al PLD para acercársele a partidos minoritarios para ser candidato, no militante, poniendo así de relieve la naturaleza relacional a corto plazo convenida. Evitar que nuestras organizaciones políticas continúen prestándosele a este o aquel de vientres de alquiler, salvaguardar ni más ni menos que el principio democrático que descansa sobre el sistema de partidos, son los bienes jurídicos protegidos por la proscripción del transfuguismo que la megalomanía del exmandatario se ha empeñado en aniquilar. Y eso no debe ni puede suceder, salvo que nuestro órgano especializado de justicia constitucional esté dispuesto a resignar a su prestigio y autoridad.

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