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OPINIÓN

Franklín García Fermín: Habrá elecciones

En mi anterior colaboración concluí que el mandato presidencial de Danilo Medina termina indefectiblemente el 16 de agosto, en virtud de lo que establece el art. 274 de la Constitución.

La pregunta de hoy es, sí la Junta Central Electoral (JCE) tiene facultad legal de posponer las elecciones pautadas para el 17 de mayo.

Los artículos 126 y 129 de nuestra Carta Magna se refieren a la sucesión del presidente y vicepresidente de la República que hayan sido normalmente electos en las fechas previstas en la Constitución. Por el contrario, el caso que nos preocupa es el hecho de que no se celebren las elecciones estipuladas el 17 de mayo, y se ponga en riesgo la sucesión para el 16 de agosto, como consecuencia de la pandemia COVID-19.

En este momento de crisis, es evidente que las elecciones previstas para el 17 de mayo deberán posponerse para celebrarse en fecha que pueda salvar el acto de juramentación del 16 de agosto.

Para solventar la situación, hay que recurrir al artículo 212 de la Constitución que le otorga facultad reglamentaria a la JCE en los asuntos de su conveniencia para tomar todas las decisiones que garanticen la idoneidad de los procesos electorales.

Además, a esto se agrega lo que estatuye el art.18, numeral 22, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral núm.15-19, de fecha 18 de febrero de 2019, que señala, entre las atribuciones del Pleno de la JCE, las medidas que considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral, y dictar todas las instrucciones que juzgue necesarias y convenientes, a fin de rodear el sufragio de las mayores garantías.

En consecuencia, ante la situación de hecho que vivimos hay que darle una salida institucional, que cuente con el mayor consenso.

De ahí que se ha propuesto la celebración de las elecciones para el primer domingo de julio, a fin de garantizar que el 16 de agosto se cumpla con la Constitución y se haga la transferencia de mando, y el país recobre la normalidad y se encamine hacia el verdadero cambio.

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OPINIÓN

Guido Gómez Mazara: La narcotización de la política

Guido Gomez Mazara

Desde que el comunismo se diluyó como argumento descalificador en la arena política, el narcotráfico constituyó el nuevo “cuco” de sectores partidarios que, encontraron la clásica argumentación para impugnar a sus adversarios y estructurar el nuevo monopolio de la ética, revestido de afán de adecentamiento de la sociedad. Innegablemente, el efecto pernicioso de las drogas no se puede reducir al nivel de penetración en nuestros jóvenes, sino la dramática inversión de valores que produce en amplísimos segmentos seducidos por la idea de la acumulación inmisericorde sin importar el método para crecer patrimonialmente

El problema de la visibilidad del fenómeno del narcotráfico tiende a deformarse en la medida que lo circunscriben al exponente marginal sin extender sus niveles de penetración en franjas que gozan de inobservancia y complicidad. Históricamente, se edificó el criterio de que el barrio, callejón, los centros urbanos poseían los niveles de funcionalidad y control de todo el aparato de compra y venta de estupefacientes, pero en la medida que los capitales comenzaron a tornarse inocultables, tanto el ascenso económico de sus beneficiarios como la tolerancia de entidades financieras abrieron las compuertas en el interés de darle validez a sus “exponentes” por el flujo de recursos inagotables. De ahí, que el tránsito a la partidocracia sirvió de receptor por excelencia de un modelo de “lavado” que encontró en la lógica clientelar la fuente de validación democrática para su ingreso a las organizaciones en capacidad de armarle una legitimidad en ámbitos impensables.

Cuando en el marco del tramo final de la campaña electoral, el oficialismo intenta narcotizar el debate, se parte de una manipulación rastrera que tiene como meta calcar experiencias anteriores utilizadas con tanta vileza que en el registro de los ciudadanos se interpreta con claridad. No es perseguir ni establecer políticas públicas efectivas para perseguir, sancionar y traducir a la acción de la justicia a los responsables de las actividades del narcotráfico, sino hacer un ejercicio electorero puramente coyuntural y conveniente, tendente a colocar las instituciones y el aparato estatal en la dirección de obtener ventajas en la contienda presidencial y congresional del próximo 5 de julio. Lo absurdo es que la sociedad sea burlada porque en los últimos 8 años la administración llamada a combatir las drogas en el país “encuentre” en la oposición la mayor carga de responsabilidad de un flagelo que, si existiera un verdadero interés en conculcarlo, se podrían establecer las bases de unificar a la nación alrededor de políticas públicas efectivas. Pero como la canción de La Lupe: falsedad bien ensayada, estudiado simulacro.

El sector gobernante reproduce el esquema articulado contra Peña Gómez, Milagros Ortiz, Hipólito Mejía, contra mí, Leonel Fernández y ahora lo insertan en la campaña del cambio que representa Luis Abinader. Lo cierto es que nunca segundas partes fueron buenas, y el contexto del país que decidirá las elecciones no se parece a la sociedad de hace 20 años debido a que los mecanismos y/o acceso a la información combinados con una simple observación ciudadana no excluyen las cuotas de responsabilidad de la gestión institucional que desbordó los ámbitos del elemental sentido de compañerismo al momento de introducir el expediente descalificador contra el que ejercía la categoría de jefe del partido.

Lo políticamente evidente es que la narcotización del debate representa el último recurso de la candidatura de Gonzalo Castillo que, disminuida en los sectores medios y altos por el tema de la corrupción, introduce un componente viejo pretendiendo obtener resultados ventajosos. Así, paga y estimula el proceso de degradación del debate intentado sacar provecho y confundir a una franja de electores que poseen la suficiente información de un fenómeno que creció y se multiplicó con mayor intensidad durante los gobiernos del PLD.

La oposición no debe dejarse “entretener” porque la meta es que nos concentremos ante una provocación que nos distrae frente a lo esencial: articular una mayoría y defender el voto.

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