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OPINIÓN

Ramón Núñez Ramírez: Hay que evitar una pandemia social y humanitaria

La pandemia del covid-19 está provocando una pandemia económica, que muchos pronostican será peor que la crisis financiera de 2008, por eso los mayores esfuerzos deben ser dirigidos a proteger los más vulnerables, los que están en pobreza extrema, los que han perdido sus empleos, los informales que no podrán salir cada día a buscar el sustento porque probablemente de continuar esta tasa de crecimiento de infectados y muertes será necesario la cuarentena total.

En su alocución de la pasada semana el presidente Danilo Medina anunció que el Gobierno iba a financiar el costo de la prueba PCR a personas mayores de 59 años o los que presenten dos de los síntomas del virus además de la aplicación de la prueba rápida. Ni una ni otra se ha hecho realidad y a lo sumo los afiliados del régimen contributivo y subsidiado, previa receta de un especialista, podrán acceder a la prueba en algunos casos con un co-pago. El problema es que tres laboratorios no pueden atender la demanda y en muchos casos cuando se haga la prueba y reciban el resultado probablemente el paciente estará muy grave. Uno de los secretos de los países que han superado o minimizado la pandemia fue la aplicación masiva de las pruebas.

En cuanto a las medidas económicas, 811 mil familias con tarjeta solidaridad recibirán durante dos meses $5 mil adicionales en el renglón “Comer es Primero” y otras 690 mil familias categorizadas como pobres o vulnerables, de acuerdo al Sistema Único de Beneficiarios, recibirán durante dos meses ese monto. El presidente habló de los suministros de alimentos y de la propuestas a los empresarios del Gobierno aportar hasta $8,500 del salario de los trabajadores suspendidos y que el empresario aporte el resto hasta un 70% del salario.

Medidas encomiables pero insuficientes, no sabemos cuántos empleadores se acojan, sin embargo para el caso de los empleados de hoteles, zonas francas, industrias y comercios es posible que con sus propios recursos en las AFP el Gobierno emita un decreto mediante el cual se les pague un80% de sus salarios (los precios de los alimentos han subido) por dos meses o hasta que esos sectores comiencen a recuperarse, al fin y al cabo son recursos que ellos mismos repondrán.

No podemos olvidar los informales, que no aparecen en el mapa de la pobreza de SIUBEN, para estos lo más sencillo es entregarle recursos en efectivo, porque la distribución de alimentos contraviene el necesario aislamiento social.

En estas circunstancias los candidatos Leonel Fernández y Luis Abinader han hecho muy buenas propuestas, el Presidente asumió algunas, pero el momento demanda de creatividad, y la búsqueda de soluciones en las cuales se dé cabida a la oposición. Es lamentable que la propuesta de colaboración no haya sido aceptada por el Presidente y lo peor está por venir pues no hemos llegado al pico de los infectados y fallecidos y parece la única salida será la declaratoria de cuarentena total.

Todos estos programas, por lo menos los enunciados por el Presidente y otros que deberán sumarse, requerirá de mucha organización y estrategias, con el tiempo en contra, de un gran esfuerzo fiscal; será necesario recurrir al endeudamiento interno, emitiendo bonos de Hacienda, y recurriendo al FMI, BM, BID y otros organismos multilaterales; en fin hay que hacer el máximo de los esfuerzos para impedir que la pandemia sanitaria al convertirse en pandemia económica resulte en una pandemia social y humanitaria.

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OPINIÓN

Franklín García Fermín: Habrá elecciones

En mi anterior colaboración concluí que el mandato presidencial de Danilo Medina termina indefectiblemente el 16 de agosto, en virtud de lo que establece el art. 274 de la Constitución.

La pregunta de hoy es, sí la Junta Central Electoral (JCE) tiene facultad legal de posponer las elecciones pautadas para el 17 de mayo.

Los artículos 126 y 129 de nuestra Carta Magna se refieren a la sucesión del presidente y vicepresidente de la República que hayan sido normalmente electos en las fechas previstas en la Constitución. Por el contrario, el caso que nos preocupa es el hecho de que no se celebren las elecciones estipuladas el 17 de mayo, y se ponga en riesgo la sucesión para el 16 de agosto, como consecuencia de la pandemia COVID-19.

En este momento de crisis, es evidente que las elecciones previstas para el 17 de mayo deberán posponerse para celebrarse en fecha que pueda salvar el acto de juramentación del 16 de agosto.

Para solventar la situación, hay que recurrir al artículo 212 de la Constitución que le otorga facultad reglamentaria a la JCE en los asuntos de su conveniencia para tomar todas las decisiones que garanticen la idoneidad de los procesos electorales.

Además, a esto se agrega lo que estatuye el art.18, numeral 22, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral núm.15-19, de fecha 18 de febrero de 2019, que señala, entre las atribuciones del Pleno de la JCE, las medidas que considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral, y dictar todas las instrucciones que juzgue necesarias y convenientes, a fin de rodear el sufragio de las mayores garantías.

En consecuencia, ante la situación de hecho que vivimos hay que darle una salida institucional, que cuente con el mayor consenso.

De ahí que se ha propuesto la celebración de las elecciones para el primer domingo de julio, a fin de garantizar que el 16 de agosto se cumpla con la Constitución y se haga la transferencia de mando, y el país recobre la normalidad y se encamine hacia el verdadero cambio.

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