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INTERNACIONAL

En Colombia! La muerte de un testigo clave del ‘caso Odebrecht’ y el envenenamiento de su hijo sacuden a Colombia

La investigación del caso Odebrecht en Colombia se asoma desde este martes al abismo de una red criminal que va más allá de los sobornos pagados por la constructora brasileña a cambio de concesiones. La muerte fulminante de un testigo clave y, al cabo de tres días, de su hijo, envenenado, ensombrece las indagaciones de un escándalo que se remonta a la financiación de las campañas presidenciales de 2010 y 2014.

Este nuevo capítulo comenzó el pasado jueves, cuando el ingeniero Jorge Enrique Pizano, interventor de la Concesionaria Ruta del Sol, un proyecto en el que participó la compañía, falleció en su finca de Subachoque, a unos 40 kilómetros de Bogotá. Pizano, cuya muerte se atribuyó desde el principio a un infarto, era uno de las piezas más importantes para recomponer el caso. Detectó varias irregularidades relacionadas con la obra, en la que trabajó desde 2010, y en 2015 informó al actual fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aunque este asegura que no tenía certeza, según el propio relato del testigo, de que se trataba de sobornos. Martínez era entonces abogado del Grupo Aval, conglomerado bancario que controlaba la mayoría de las acciones de Corficolombiana, una empresa de soluciones financieras.

El hijo de Pizano, el arquitecto Alejandro Pizano Ponce de León, se enteró el viernes por la mañana del fallecimiento de su padre y de inmediato viajó a Bogotá desde Barcelona, donde vivía. El pasado domingo, según ha adelantado este martes Caracol Radio, fue hasta la finca familiar y, en presencia de su hermana Juanita, se desmayó repentinamente. ¿Qué sucedió? Según ha confirmado el Instituto de Medicina Legal, “la causa del deceso fue envenenamiento por ingesta de cianuro”.

“Las pruebas recaudadas en la residencia de sus padres indican que la víctima habría encontrado el cianuro en una botella de agua saborizada que se hallaba en el escritorio de su padre, de la cual ingirió un sorbo”, señala el informe. “Según personas cercanas a la familia, después de la ingesta del agua, la víctima advirtió un mal sabor e intentó expulsar el líquido; pocos minutos después presentó fuertes molestias estomacales y falleció de camino al hospital”. Así lo determinan las pesquisas. La hermana relató que “dijo que sabía inmundo y se desmayó”.

“Los investigadores”, que continúan las conclusiones de Medicina Legal, “recibieron por parte del personal médico la botella de agua saborizada a la cual se le realizan los análisis correspondientes”. La Fiscalía General de la Nación ha informado de que también ha abierto una investigación penal para determinar las causas por las cuales se encontraba esa sustancia en la casa del padre de la víctima. De momento, la evolución de este caso, que siembra dudas también sobre las circunstancias de la muerte de Jorge Enrique Pizano, ha conmocionado al país y amenaza con provocar un terremoto político.

Los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia garantizaron, por ejemplo, que el gigante brasileño de la construcción fuera la única firma habilitada para la licitación de un tramo de la Ruta del Sol. Esa cantidad asciende a 84.000 millones de pesos, más de 28,5 millones de dólares. El escándalo, que estalló a principios de 2017, salpicó a las campañas de los principales candidatos en dos elecciones presidenciales y hasta la Administración de Álvaro Uribe. Cuando se empezaba a conocer la magnitud de lo sucedido, el exmandatario Juan Manuel Santos solicitó a la Fiscalía una investigación de los contratos correspondientes a esos comicios. Meses después se produjo la primera detención. Las autoridades capturaron a Gabriel García Morales, antiguo viceministro de Transporte de Uribe, en los años 2009 y 2010. El político recibió, según la investigación, 6,5 millones de dólares de Odebrecht por la concesión de esa obra.

Más tarde llegó la captura del excongresista Otto Bula debido a su presunta participación en el millonario caso de corrupción. Es acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. La Fiscalía estableció también que la constructora contribuyó a la financiación de las campañas del propio Santos y de su principal rival en las urnas, el uribista Óscar Iván Zuluaga.

A pesar de las ramificaciones del caso, Odebrecht lleva meses intentando llegar a un acuerdo económico con el Estado colombiano para volver a operar con normalidad como ha ocurrido en otros países. El 6 de noviembre, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, los organismos representados en el juicio, rechazaron una oferta que superaba los 33 millones de dólares que la constructora consideraba suficiente para dejar atrás el perjuicio causado al país.

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INTERNACIONAL

La Justicia de Panamá ordena un nuevo juicio al expresidente Martinelli

Un Tribunal de Apelaciones de Panamá anuló el fallo que en agosto de 2019 declaró “no culpable” al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) de cuatro delitos relacionados con un caso de espionaje y malversación y ordenó un nuevo juicio pero solo por dos de ellos.

“Tribunal Superior de Apelaciones por mayoría acoge el Recurso de Anulación, en caso Pinchazos telefónicos y ordena se realice un nuevo juicio a solicitud de abogados querellantes y del Ministerio Público”, informó este viernes el Ministerio Público (MP, Fiscalía) .

Martinelli fue declarado “no culpable” de los delitos de interceptación de las telecomunicaciones sin autorización judicial (4 años de prisión), seguimiento y vigilancia sin autorización judicial (4 años), peculado por sustracción (10 años) y peculado de uso (3 años).

En un comunicado, el Ministerio Público precisó este viernes que en el nuevo juicio Martinelli se enfrentará a “los delitos (de) inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad” donde “figuran más de 150 víctimas entre dirigentes políticos, periodistas y sociedad civil».

Una de las supuestas víctimas de las escuchas y querellante, Mitchell Doens, criticó el fallo de anulación y dijo a Efe que la exclusión de los delitos de peculado redundaría en la posibilidad de que el expresidente nunca vaya a la cárcel aunque sea declarado culpable.

El peculado “es la prueba más fehaciente de que (Martinelli) utilizó fondos públicos para montar un sistema paralelo de espionaje” con equipos por “más de 11 millones de dólares”, y al ser eliminado ese delito quedan las acusaciones de “los pinchazos (escuchas), que de acreditársele y fallar en contra serían cuatro años (de pena), y el de seguimiento (persecución y vigilancia sin autorización judicial) que es menor».

“De manera tal que vamos a ir a un nuevo juicio, pero en ese nuevo juicio, en caso de que él salga condenado, sencillamente van a aplicarle lo que favorece siempre en estos casos a estos delincuentes, y eso trae como consecuencia que incluso no pague cárcel”, explicó Doens.

La decisión dada a conocer este viernes por el Tribunal Superior de Apelaciones “es definitiva, no puede recurrirse”, dijo a Efe el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) de Panamá, Juan Carlos Araúz.

El hecho de que Martinelli se encuentre ahora conformando un nuevo partido político, el llamado Realizando Metas, no le otorga un fuero que impida que afronte el nuevo juicio, añadió Araúz.

Martinelli, de 68 años, enfrentó un complicado juicio en el caso conocido como “pinchazos”, por el que fue extraditado por Estados Unidos, donde estuvo preso un año mientras batallaba por evitar su entrega a la Justicia panameña.

El exgobernante siempre dijo que el caso de los “pinchazos” fue producto de una supuesta “persecución política” del entonces presidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019), quien fue su vicepresidente y canciller, en una relación política que se rompió a mediados de 2011 entre acusaciones de corrupción.

Con la carta de la persecución política, Martinelli se fue de Panamá en enero de 2015, y regresó extraditado por EE.UU. el 11 de junio de 2018, tras un año preso en una cárcel federal.

El caso judicial fue complicado, pues comenzó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dada la investidura de diputado regional de la que gozaba Martinelli por ser un expresidente, pero terminó en la esfera ordinaria luego de que renunciara a su escaño en el parlamento centroamericano.

Martinelli enfrentó la fase final de su juzgamiento con la medida de casa por cárcel.

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