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INTERNACIONAL

En Perú! Colocan impedimento de salida al expresidente Alan García

Un juez ordenó 18 meses de arraigo para el expresidente peruano y líder del Partido Aprista, Alan García Pérez, por lo que no podrá salir del país y regresar a Madrid, ciudad en la que residía en los últimos meses. El que fuera mandatario entre 2006 y 2011 es investigado por colusión agravada y lavado de activos de la caja paralela de la constructora brasileña Odebrecht.

El pasado jueves, el fiscal provincial José Domingo Pérez –que integra el equipo especial Lava Jato en el Ministerio Público– solicitó el impedimento de salida de García al magistrado especializado en corrupción de funcionarios, Juan Carlos Sánchez, debido a nuevas pruebas respecto del expresidente.

En una audiencia realizada la tarde de este sábado, Pérez sostuvo que Odebrecht proporcionó a la Fiscalía mensajes –de julio de 2012- de su sistema de comunicación encriptada llamado Drousys, en los cuales el área de sobornos de la empresa le pedía a un abogado externo firmar un contrato con una fecha anterior –mayo 2012– y transferir 100.000 dólares a la cuenta bancaria de García como pago por una conferencia realizada en mayo en São Paulo.

El abogado José Americo Spinola, identificado con el pseudónimo de Joe en el sistema Drousys del Sector de Operaciones no Estructuradas (el área de sobornos), recibía 15.000 dólares de la transnacional brasileña por gestionar el pago al político peruano como si fuera a nombre de la Federación Industrial del Estado de São Paulo (FIESP), lugar donde fue la conferencia. Spinola preguntó si podría pagar vía una firma offshore desde Nevis en el Caribe para ahorrar, pero el área rechazó ese canal. “El pago tiene que ser hecho en Brasil, de la empresa que intermedió la invitación”, respondió el administrador de la caja paralela de la constructora, Marcos Grillo.

El fiscal Pérez explicó que en 2009 el entonces presidente Alan García firmó cinco decretos de urgencia y dos decretos supremos para modificar el marco legal a favor de la constructora brasileña Odebrecht, y que la concesión de la línea 1 del metro de Lima pasara de la municipalidad de Lima al Ministerio de Transportes. Tres exfuncionarios de ese ministerio están presos por haber recibido dinero de Odebrecht en paraísos fiscales: uno de ellos mantuvo una cuenta por siete millones de dólares.

El representante del Ministerio Público aseguró que en varias oportunidades citó a García para diligencias y este se excusó debido a “actividades en Madrid”. “Otros se venden, yo no”, ha repetido García desde que en enero de 2017 fueron detenidos exfuncionarios de su Administración por este caso. Sin embargo, el pasado viernes dijo que podría haber recibido dinero de Odebrecht como otras entidades en Lima. “¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”, escribió en Twitter. Su versión en el pasado había sido que el gremio empresarial paulista le había pagado la conferencia.

El exprocurador anticorrupción Ivan Meini refirió a EL PAÍS que ninguna norma prohíbe a expresidentes contratar con una empresa que fue proveedor del Estado durante su gestión, pero aludió a una práctica corrupta en esa situación.

“Para funcionarios de primer nivel no hay imposibilidad legal, pero hay que notar que los casos de corrupción pretendan ser camuflados y que cuando el funcionario público deja de serlo recién se le paga la contraprestación o el soborno. Esa es una buena forma de complicar la actividad probatoria del fiscal. En este caso, los decretos de urgencia –a favor de la empresa– fueron un mecanismo excepcional en el derecho peruano. Por otro lado, el valor de las conferencias de 100.000 dólares es sospechoso, ni Bill Clinton ni Bill Gates cobran así”, comentó el abogado penalista Meini a este diario.

García anunció que permanecerá en Perú y calificó la orden de arraigo como “una triquiñuela para ganar espectacularidad. Necesitan hacer una hoguera y quemar como una vieja bruja a Alan García”.

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INTERNACIONAL

EE.UU. vende 2.370 millones de dólares en misiles a Taiwán

El Gobierno estadounidense anunció este lunes la venta a Taiwán de 100 sistemas de defensa marítima Harpoon y 400 misiles de este tipo por 2.370 millones de dólares, una transacción a la que China había advertido que respondería con sanciones.

El Gobierno del presidente Donad Trump “notificó hoy formalmente al Congreso una venta de cien Sistemas de Defensa Costera Harpoon (HCDS), incluidos 400 misiles de superficie RGM-84L-4 Harpoon Block II, por valor de 2.370 millones de dólares”, informó un funcionario del Departamento de Estado que pidió no ser identificado.

Antes incluso del anuncio, el Gobierno Chino anunció hoy la imposición de sanciones a los fabricantes de este sistema de misiles, Lockheed Martin, Boeing Defense y Raytheon.

Según el Departamento de Estado, la venta, a la que ahora deberá dar su visto bueno el Congreso de Estados Unidos, comprende material “necesario para permitirle (a Taiwán) mantener una capacidad de autodefensa suficiente».

“Si se concluye la venta, este sistema mejorará la capacidad defensiva de Taiwán, que tiene la intención de utilizar sus propios fondos para esta compra”, dijo el funcionario.

El Gobierno de Trump ha mantenido una política de enfrentamiento con China y ha dado prioridad al fortalecimiento de las relaciones con Taiwán, incluida la venta de armas, pese a que en 1979 Washington rompió sus relaciones con Taipéi, que se convirtieron en informales, tras reconocer a la República Popular China.

Además de una política de imposición de aranceles, la actual Administración estadounidense envió en agosto pasado a Taiwán a su secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, en la primera visita de un funcionario de más alto rango a la isla desde entonces.

Taiwán se considera un territorio soberano con Gobierno y un sistema político propios bajo el nombre de República de China desde el final de la guerra civil entre nacionalistas y comunistas en 1949, pero Pekín mantiene que es una provincia rebelde e insiste en que debe retornar a lo que denomina la patria común.

“EE.UU. mantiene un interés permanente en la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y considera que la seguridad de Taiwán es fundamental para la seguridad y la estabilidad de la región del Indo-Pacífico en general”, aseguró el funcionario estadounidense.

“Nuestra política de larga data sobre ventas de material de defensa a Taiwán se ha mantenido constante en siete administraciones estadounidenses diferentes y contribuye a la seguridad de Taiwán y al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el Estrecho de Taiwán”, agregó.

Además de los sistemas de defensa costera Harpoon y los 400 misiles adicionales RGM-84L-4 Harpoon Block II, la venta incluye cuatro misiles de ejercicio RTM-84L-4 Harpoon Block II y 25 camiones radar, repuestos, equipo de apoyo y capacitación.

“La venta propuesta de este equipo y apoyo no alterará el equilibrio militar básico en la región”, dijo por su lado la Agencia para la Cooperación y Seguridad en Defensa de EE.UU.

Por el contrario, agregó, “ayudará a mantener la estabilidad política, el equilibrio militar, económico y el progreso de la región».

El contratista principal del sistema de misiles es la compañía Boeing, aunque las autoridades chinas han anunciado sanciones también a Lockheed Martin y Raytheon, empresas que están implicadas en la fabricación de otros equipos de armas propuestos a Taipei .

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Zhao Lijian, citado por el rotativo Global Times, anunció la imposición de sanciones contra las tres empresas por su vinculación con la venta y aseguró que las represalias también alcanzarán a “otros particulares y entidades”, aunque no especificó los detalles.

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