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INTERNACIONAL

En Perú! El Congreso garantiza que Alberto Fujimori no vaya a la cárcel

La mayoría fujimorista de Fuerza Popular en el Congreso peruano, de oposición al Gobierno de Martín Vizcarra, ha aprobado este jueves una ley de “ejecución humanitaria de la pena” para que los presos mayores de 78 años que hayan cumplido un tercio de su condena puedan continuarla “a través de vigilancia electrónica” desde su domicilio. La norma ha sido preparada explícitamente para favorecer al autócrata Alberto Fujimori, que vio anulado su indulto la semana pasada. Y podría favorecer también a Vladimiro Montesinos, ex asesor de Fujimori de 73 años y jefe de facto de las fuerzas armadas en el régimen, que en un lustro podría beneficiarse de esa misma libertad vigilada.

Fujimori, presidente de Perú entre 1990 y 2000, fue sentenciado hace nueve años a un cuarto de siglo de prisión como autor mediato de varios delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado -considerados crímenes de lesa humanidad- cometidos principios de la década de los noventa. Los hechos fueron perpetrados por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército creado durante su régimen y al que el propio Fujimori felicitó y amnistió.

 

En la nochebuena del año pasado, el entonces jefe de Estado y de Gobierno peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le concedió un indulto humanitario que evitaba su reingreso en prisión para cumplir la parte restante de la condena a cambio de un último y desesperado balón de oxígeno político. Pero la semana pasada, el caso volvió a dar un giro de 180 grados con la anulación judicial de la medida de gracia atendiendo a una petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde entonces, los suyos han tratado de buscar el ángulo legal para evitar el cumplimiento de la orden del magistrado supremo Hugo Núñez Sulca. El martes, la congresista fujimorista Yeni Vilcatoma -expulsada de Fuerza Popular en 2016, pero que vota en el mismo sentido que el resto de la bancada opositora-, presentó un proyecto de ley de “ejecución humanitaria de la pena” para presos de la tercera edad. Y este jueves la junta de portavoces decidió someter el proyecto de ley a la votación del pleno, exonerándolo de la discusión en las comisiones parlamentarias.

Al inicio del debate parlamentario de la ley, el diputado de Acción Popular Yohny Lescano (centroderecha) advirtió de que, de aprobarse, el texto llevaría al Estado peruano a incumplir sus obligaciones internacionales y pidió que la iniciativa legislativa fuera remitida a la comisión correspondiente para su debate preliminar. Pero el fujimorismo, arrasando como suele hacer con su holgada mayoría, rechazó la moción y aprobó en menos de media hora la norma con 55 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones.

La norma indica que el ámbito en que el condenado puede desplazarse queda circunscrito “a la provincia donde se encuentra el domicilio del penado”. Si quisiera salir de ella, deberá comunicarlo 48 horas antes al Instituto Nacional Penitenciario y acreditar a una persona que garantice su retorno, asumiendo responsabilidad penal en caso de no cumplir este precepto.

Horas después de que el juez Núñez Sulca ordenase el regreso de Fujimori a la cárcel, el autócrata fue ingresado en una clínica de la comunidad peruano-japonesa en la que permanece desde entonces. Con esta maniobra política, la enésima del fujimorismo, evitará -al menos de momento, siempre al albur de cualquier cambio futuro en la composición del Legislativo- regresar a prisión.

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INTERNACIONAL

EE UU acusa a la vicepresidenta de Huawei de fraude por violar las sanciones a Irán

La Fiscalía de Estados Unidos reclama a la vicepresidenta de la tecnológica china Huawei, Meng Wanzhou, por cargos de fraude por intentar burlar las sanciones financieras dictadas contra Irán, según ha informado en la audiencia judicial celebrada este viernes en Vancouver (Canadá), tras levantar la prohibición de difundir información relativa al caso.

La detención de Meng, directora financiera de Huawei e hija del fundador del gigante tecnológico chino, ha sido noticia mundial desde que las autoridades canadienses confirmasen el hecho el pasado miércoles. Su caso ha cobrado mayor relevancia por su potencial desestabilizador sobre las relaciones entre Washington y Pekín, justo en el momento en que ambas partes parecían estar más cerca de lograr un acuerdo comercial que ponga fin a la guerra arancelaria. Meng fue arrestada el 1 de diciembre al hacer una escala aérea en Vancouver, en razón de una solicitud de extradición de Estados Unidos. Este viernes, Meng iba a saber si recupera su libertad tras el pago de una fianza o si sigue su proceso en prisión, pero la audiencia continuará el próximo lunes.

 

Canadá no había brindado hasta este viernes detalles sobre el caso, ya que el tribunal concedió a la ejecutiva de Huawei la prohibición de difundir la información relativa al proceso. Sin embargo, medios canadienses y estadounidenses, citando fuentes anónimas, señalan que el pedido de extradición se realizó por violar supuestamente las sanciones que Washington impuso a Teheran. Al parecer, Meng Wanzhou participó en una trama para vender productos de la compañía fabricados en suelo estadounidense al mercado iraní, quebrantando con ello las sanciones en vigor.

La fiscalía asegura que la ejecutiva china supuestamente se sirvió de la compañía SkyCom para tener acceso al mercado iraní entre 2009 y 2004. De acuerdo al ministerio público, Meng hizo falsas declaraciones públicas, al asegurar que no existían lazos entre Huawei y SkyCom, cuando esta última es una filial no oficial del gigante de las telecomunicaciones, según periodistas locales presentes en la audiencia.

Tras escuchar los argumentos de los abogados de la defensa y de la Fiscalía, un juez debe determinar si Meng Wanzhou puede obtener su liberación bajo fianza o si tendrá que seguir el proceso en prisión, debido al riesgo de que intente salir del país. Para el ministerio público Meng cuenta a su disposición con enormes recursos financieros y logísticos y podría escapar fácilmente de Canadá si así lo decidiera. Por su parte, la defensa asegura que las autoridades deben confiar que Meng Wanzhou jamás desobedecería una orden judicial y que no cuenta con antecedentes penales.

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