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INTERNACIONAL

Los policías de Hondura se niegan a reprimir al pueblo, no aplican “toque de queda”

Cientos de policías se han revelado este martes y se niegan a aplicar el toque de queda. Los agentes, muchos de ellos parte de la unidad antidisturbios conocida como los cobras, salieron a las calles de la capital Tegucigalpa la noche del lunes para mostrar su rechazo a la orden. Muchos civiles los recibieron con aplausos.  “La verdad es que ya no queremos combatir al pueblo”, dijo a France Presse uno de los uniformados, que prefiere no revelar su nombre y cubre su rostro con una máscara de esquí.

La rebelión marca un nuevo giro potencialmente peligroso en la crisis, que se ha desatado desde los comicios del pasado 26 de noviembre, que tuvieron un inicio tenso desde que el presidente, Juan Orlando Hernández, anunció que iba a buscar la reelección. Los presidentes hondureños tenían proscrito buscar un segundo mandato hasta que un fallo de la Corte Suprema levantó la prohibición constitucional en 2015, lo que provocó el enojo de los opositores.

Las aspiraciones de Hernández se toparon con un presentador de televisión convertido en político, Salvador Nasralla. Los primeros resultados dieron un triunfo prematuro a Nasralla, pero la ventaja se erosionó y se revirtió a favor de Hernández después de un recuento de papeletas muy retrasado y marcado por la lentitud. La oposición acusó al presidente de haber cometido fraude.

Cuando las protestas se volvieron violentas y se registraron actos de rapiña, el Gobierno decretó la semana pasada el estado de emergencia y un toque de queda nocturno. Una adolescente murió en uno de los enfrentamientos y su familia culpó a la policía, que respondió, en cambio, que se estaba investigando la muerte.

La rebelión de algunos sectores de la policía mostró que la autoridad de Hernández podía desmoronarse. De ser el caso, Honduras, un pequeño país de 10 millones de personas asolado por la violencia de las pandillas, la corrupción y el narcotráfico, podría estar entrando en la peor crisis desde 2009, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya fue defenestrado tras un golpe de Estado.

“Lo que exigimos a cambio es la paz, que se resuelva el problema y que no haya más muertes, que no se derrame más sangre”, dijo uno de los policías que se rebelaron. El ministro de Seguridad Pública, sin embargo, restó importancia a la rebelión y aseguró que se trataba de una disputa sobre la paga y el aguinaldo navideño.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció el lunes que el conteo final daba a Hernández como ganador con un 42,98% de los votos, apenas por encima de Nasralla que tuvo un 41,39%. El TSE se negó a declarar un ganador de forma oficial, sin resolver antes las apelaciones que se presentaron. Nasralla ha adelantado que no reconocerá el resultado del TSE.

Marisa Mattias, una de los observadores electorales de la Unión Europea, ha recomendado al Tribunal no dar un ganador porque “el proceso electoral aún está lejos de terminar”. El expresidente boliviano Jorge Quiroga, parte de la misión de la Organización de Estados Americanos, ha reconocido, por su parte, que ha habido “irregularidades” en la elección.

 

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INTERNACIONAL

La Justicia de Panamá ordena un nuevo juicio al expresidente Martinelli

Un Tribunal de Apelaciones de Panamá anuló el fallo que en agosto de 2019 declaró “no culpable” al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) de cuatro delitos relacionados con un caso de espionaje y malversación y ordenó un nuevo juicio pero solo por dos de ellos.

“Tribunal Superior de Apelaciones por mayoría acoge el Recurso de Anulación, en caso Pinchazos telefónicos y ordena se realice un nuevo juicio a solicitud de abogados querellantes y del Ministerio Público”, informó este viernes el Ministerio Público (MP, Fiscalía) .

Martinelli fue declarado “no culpable” de los delitos de interceptación de las telecomunicaciones sin autorización judicial (4 años de prisión), seguimiento y vigilancia sin autorización judicial (4 años), peculado por sustracción (10 años) y peculado de uso (3 años).

En un comunicado, el Ministerio Público precisó este viernes que en el nuevo juicio Martinelli se enfrentará a “los delitos (de) inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad” donde “figuran más de 150 víctimas entre dirigentes políticos, periodistas y sociedad civil».

Una de las supuestas víctimas de las escuchas y querellante, Mitchell Doens, criticó el fallo de anulación y dijo a Efe que la exclusión de los delitos de peculado redundaría en la posibilidad de que el expresidente nunca vaya a la cárcel aunque sea declarado culpable.

El peculado “es la prueba más fehaciente de que (Martinelli) utilizó fondos públicos para montar un sistema paralelo de espionaje” con equipos por “más de 11 millones de dólares”, y al ser eliminado ese delito quedan las acusaciones de “los pinchazos (escuchas), que de acreditársele y fallar en contra serían cuatro años (de pena), y el de seguimiento (persecución y vigilancia sin autorización judicial) que es menor».

“De manera tal que vamos a ir a un nuevo juicio, pero en ese nuevo juicio, en caso de que él salga condenado, sencillamente van a aplicarle lo que favorece siempre en estos casos a estos delincuentes, y eso trae como consecuencia que incluso no pague cárcel”, explicó Doens.

La decisión dada a conocer este viernes por el Tribunal Superior de Apelaciones “es definitiva, no puede recurrirse”, dijo a Efe el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) de Panamá, Juan Carlos Araúz.

El hecho de que Martinelli se encuentre ahora conformando un nuevo partido político, el llamado Realizando Metas, no le otorga un fuero que impida que afronte el nuevo juicio, añadió Araúz.

Martinelli, de 68 años, enfrentó un complicado juicio en el caso conocido como “pinchazos”, por el que fue extraditado por Estados Unidos, donde estuvo preso un año mientras batallaba por evitar su entrega a la Justicia panameña.

El exgobernante siempre dijo que el caso de los “pinchazos” fue producto de una supuesta “persecución política” del entonces presidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019), quien fue su vicepresidente y canciller, en una relación política que se rompió a mediados de 2011 entre acusaciones de corrupción.

Con la carta de la persecución política, Martinelli se fue de Panamá en enero de 2015, y regresó extraditado por EE.UU. el 11 de junio de 2018, tras un año preso en una cárcel federal.

El caso judicial fue complicado, pues comenzó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dada la investidura de diputado regional de la que gozaba Martinelli por ser un expresidente, pero terminó en la esfera ordinaria luego de que renunciara a su escaño en el parlamento centroamericano.

Martinelli enfrentó la fase final de su juzgamiento con la medida de casa por cárcel.

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