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La compañía Parkland Fuel Corp. adquirió el 75% de las acciones de la empresa Sol Investment Limited, propietaria de las estaciones de combustible Esso en RD

La compañía Parkland Fuel Corp. adquirió el 75% de las acciones de la empresa Sol Investment Limited, propietaria indirecta de las estaciones de combustible Esso en República Dominicana.

La empresa firma, una de las empresas comercializadoras independientes de combustible y petróleo con mayor crecimiento en Estados Unidos, pagó por la operación US$1,200 millones, informó la oficina de abogados Pellerano & Herrera, asesora de la transacción.

En un comunicado de prensa, Pellerano & Herrera informó que el acuerdo de compra le da acceso a Parkland a las 526 estaciones de venta de combustible de SOL e incrementa el volumen anual de combustible a más de 21 billones de litros. Este, también le da a la compañía un fuerte afianzamiento en el mercado petrolero caribeño, debido a que Sol es la compañía de petróleo más grande del Caribe, región donde opera en 23 países.

Pellerano & Herrera  dijo que fungió como asesor en la adquisición y en el financiamiento de esta adquisición.  El equipo legal estuvo encabezado por la socia Carolina León, la abogada especialista senior Isabel Andrickson, y la asociada senior Caroline Bonó. Explicó que el trabajo de la firma incluyó consultoría en temas complejos corporativos, de impuestos, asuntos laborales, bienes raíces y  temas medioambientales.

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Gobernador del Banco Central modificar ley para retirar hasta un 30% de los fondos de pensiones

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y presidente de la Junta Monetaria, Héctor Valdez Albizu, expresó su oposición a la modificación de la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social que permitiría a los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) el retiro de hasta un 30% de sus ahorros, “por las consecuencias negativas y perversas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, la estabilidad y el crecimiento económico”.

En un artículo sobre el tema, Valdez Albizu consideró desafortunada e improcedente esta propuesta legislativa puesto que habría que disponer de más de RD$173,000 millones para devolver en efectivo a los afiliados, lo que implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto al nivel actual.

Valdez Albizu alertó que esta situación generaría un exceso de demanda de bienes y servicios que, en la coyuntura actual, con una producción ralentizada, provocaría altos niveles de inflación que reducirían el poder adquisitivo de las personas, deteriorando el valor de sus ingresos y ahorros, y por ende su capacidad de consumo, lo que afectaría de manera más perniciosa a los hogares vulnerables y de menores ingresos e incrementaría los niveles de pobreza.

“Estaríamos como nación propiciando convertir una crisis sanitaria de carácter transitorio en una crisis económica y financiera más permanente que requeriría años revertir”, sentenció Valdez Albizu.

El gobernador añadió que dicho proceso inflacionario y de mayor incertidumbre en los agentes económicos se traspasaría al mercado de divisas a través de un exceso de demanda de moneda extranjera, ocasionando una depreciación desproporcionada del tipo de cambio, generaría fuga de capitales y frenaría la inversión extranjera directa.

Consideró que el único resultado de dicha propuesta sería “un retroceso a un escenario de crisis similar al del año 2003, que generó un costo para el país en torno a un 20% del producto interno bruto”.

Señaló que de obtenerse la liquidez a través de una recompra de títulos por parte del ministerio de Hacienda, se desviarían cuantiosos recursos que el gobierno necesita destinar a la asistencia de los sectores más afectados por las medidas para disminuir la propagación del COVID-19.

Indicó además que permitir el retiro anticipado de los ahorros de los fondos de pensiones afectaría a los propios trabajadores, quienes al final verían disminuidas sus pensiones en torno a un 25% o tendrían que extender su edad de retiro entre 2 y 4 años, para alcanzar el mismo nivel de pensión que hubieran obtenido en caso de no haber retirado anticipadamente los recursos acumulados.

Valdez Albizu también consideró sin fundamento la alternativa de que el Banco Central sea garante de un fondo especial con cargo al cual las entidades de intermediación financiera entregarían a los trabajadores el equivalente de hasta el 25% del saldo acumulado en sus cuentas de capitalización individual, ya que entra en contradicción directa con las disposiciones de la Constitución de la República y de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.

Recordó que el Banco Central es un órgano con autonomía constitucional y como tal debe actuar con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado y que el Artículo 15 de la Ley Monetaria y Financiera prohíbe al Banco Central otorgar financiamientos que conlleven algún tipo de subsidio, ni tampoco garantizar obligaciones de otros, ni dar aval, ni garantía personal, ni asumir obligaciones de terceros.

El gobernador señaló además que el gobierno dominicano ha realizado un esfuerzo fiscal extraordinario, implementando medidas concretas y focalizadas dirigidas a auxiliar a las familias con menores recursos económicos y en apoyo a las empresas y sus empleados.

Reiteró que el Banco Central y la Junta Monetaria han dado facilidades monetarias y financieras por más de RD$100 mil millones de pesos y US$622.4 millones de dólares para proveer liquidez a las entidades de intermediación financiera y contribuir con la dinamización del crédito al sector productivo nacional y a los sectores que demandan moneda extranjera. Igualmente, informó que ha colocado más de US$1,600 millones de dólares a través de la Plataforma Electrónica de Divisas para contribuir a la estabilidad del mercado cambiario.

Finalmente, resaltó la aprobación reciente por parte del Fondo Monetario Internacional de US$650 millones de dólares, equivalente al 100 por ciento de la cuota del país ante dicho organismo, como asistencia financiera de emergencia para atender necesidades de la balanza de pagos derivadas de la pandemia del COVID-19.

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