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Advertencia! Está prohibido instituciones deleguen gestión de compras y contrataciones

La Dirección General de Contrataciones Públicas emitió una circular a las instituciones del Estado donde aclara que la gestión de los procedimientos de compras y contrataciones es competencia de las entidades contratantes y que su delegación a terceros no se contempla en la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sus modificaciones.

“Respondiendo a nuestra función de verificar que las instituciones cumplan con la normativa vigente en materia decontratación pública, hemos identificado que algunas instituciones sujetas a la aplicación de la Ley No.340-06 y sus modificacioneshan anunciado públicamente el interés de delegar la gestión de sus procedimientos de contrataciones públicas a terceros, por lo que le hemos enviado este comunicado indicándoles que dichos procesos, según la Ley, deben ser llevados a cabo por las unidades operativas de los organismos contratantes”, sostuvo Carlos Pimentel, nuevo director general de Contrataciones Públicas

En la misiva, Pimentel explicó que por lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Administración Pública No. 247-12, la delegación de competencia es permitida siempre que exista una habilitación previa de la Ley, derecho u ordenanza que así lo establezca, lo que no ocurre en el caso de las contrataciones públicas.

Indicó a las instituciones contratantes que, previo a realizar algún acuerdo que implique la delegación en la gestión de las contrataciones públicas a terceros, deberán consultar a esta Dirección General al respecto.

“Igualmente recordamos quese excluye de la aplicación de la Ley No.340-16 y sus modificaciones, los acuerdos de préstamos o donaciones de las instituciones dominicanas con otros Estados o entidades de derecho público internacional. Estos se regirán por las reglas convenidas y, en caso contrario, se aplicará la Ley”, resaltó el Director General de Contrataciones Públicas.

La Dirección General de Contrataciones Públicasrecordó a las instituciones del Estado que ofrece capacitaciones en toda la normativa que regula el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), así como sobre el uso del Portal Transaccional. Además, brinda asistencia técnica, presencial, vía telefónica, por correo y chat en línea para todo interesado que así lo requiera

Sobre la Dirección General de Contrataciones Públicas

Es el órgano rector del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Obras y Servicios del Estado dominicano. Sus principales funciones abarcan regular y supervisar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, y contribuiral desarrollo económico y social del país a través de un sistema de compras públicas transparente, sostenible, eficiente y que garantice la igualdad de oportunidades para todos/as los/as oferentes del Estado.

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IDAC ordena paralizar construcción Aeropuerto Internacional de Bávaro; lo declara lesivo al interés público

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) declaró hoy como lesivo al interés público el proyectado Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) aduciendo que su aprobación violó “los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente lo cual justifica su nulidad” y ordenó la suspensión de la construcción del mismo.

En la resolución hecha pública hoy firmada por su director, Román Caamaño Vélez, se consignan serias irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto y se destaca, además, la insuficiencia de estudios que garanticen tanto la seguridad operativa del aeropuerto como su conformidad con regulaciones vigentes, incluyendo las ambientales.

La determinación del IDAC se produce luego de un fuerte movimiento de opinión pública contrario a la construcción del AIB, sobre todo por la rapidez sospechosa con que culminó el proceso aprobatorio, la inexistencia de razones económicas válidas para una infraestructura de esa envergadura, el peligro medioambiental que entraña, los costos que supondrá para el erario pese a que se ha dicho que su financiamiento es estrictamente privado, y concesiones fiscales graciosas aprobadas por el Consejo de Fomento Turístico (Confotur).

La preocupación por la seguridad aparece como una de las razones principales en los considerandos de la resolución, donde se señala que “en los informes de viabilidad técnica del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro emitidos por distintos organismos de IDAC se puede constatar que, aunque otorgaron la no objeción al desarrollo del proyecto, se consideraba muy necesario mayor información, datos reales y certificados, que llevaran a un análisis de mayor magnitud”.

Se indica, además, “que es deber del Estado que las infraestructuras aeroportuarias sean instaladas sin poner en riesgo la seguridad aeronáutica del país y la operación de otras infraestructuras existentes, cuidando así de la seguridad ciudadana”. De construirse el AIB, habría apenas dos minutos de vuelo entre el nuevo aeropuerto y el de Punta Cana, por lo que un grupo de controladores aéreos advirtió las dificultades técnicas y peligro que esa cercanía acarrea.

Como confirmación de por lo menos negligencia en la autorización del proyecto, la resolución, marcada con el número 017/20, señala la ausencia de una serie de estudios esenciales para la autorización del proyecto, entre ellos los siguientes:
Estudios que demuestren si el proyecto reduce, constriñe o limita la capacidad operativa y comercial de los aeropuertos circundantes, tanto en llegadas como en las salidas al momento de su posible ejecución.
Estudios de viento (para la orientación de pistas) y temperatura (para definir dimensión de pista) por un período de 5 años exigidos por el RAD 14.
Estudio relacionado al peligro de aves (RAD 14) ya que el proyecto se desarrollaría en una zona donde operan tres vertederos.

Entre las irregularidad apuntadas en los considerandos figuran, además, la inexistencia de “los documentos corporativos que avalan la constitución o incorporación de la empresa, y que contiene información sobre sus socios, gerentes o directores; el cumplimiento de las normas aplicables a la contratación o concesión de infraestructuras de esta naturaleza; la notificación o aviso a los propietarios, poseedores y tenedores a cualquier título, de los predios vecinos a los que se proyecta construir dicho aeropuerto en cumplimiento de los Artículos 161 y 164 de la Ley No. 491-06”.

Los patrocinadores del proyecto tampoco aportaron “el Certificado de Titulo que ampara la propiedad del terreno donde se proyecta construir o el documento justificativo del goce o posesión legitimo del mismo; los estudios correspondientes para la determinación de los costos y beneficios que conllevaría para el Estado dominicano realizar las inversiones requeridas para equipar y prestar servicios en dicho aeropuerto, así como la viabilidad de las modificaciones en los procedimientos de navegación aérea citados”.

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