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Conferencia del Episcopado Dominicana reclama fin criminalidad

La sociedad dominicana tiene el desafío de enfrentar los asesinatos, corrupción y feminicidios que la afectan, afirmó ayer la Conferencia del Episcopado Dominicana (CED), en la apertura de su 56 Asamblea Plenaria, donde evalúan la situación social del país y el ambiente pastoral en que trabaja la Iglesia.

Monseñor Benito Ángeles, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, quien habló durante la misa que dejó iniciado el evento, afirmó que en la República Dominicana impera los escenarios de “desorden moral y sexual, inequidad social, cultural y educativa”.

Deploró igualmente que existan políticas estatales que amenazan el matrimonio y la vida familiar, los cuales a su entender deben ser iluminados por el Evangelio de Cristo.y la paz.

Dijo que aparentemente el mal amenaza la unidad y la paz en la sociedad dominicana.

Otros desafíos planteados por monseñor Ángeles fueron los abortos, migrantes, drogadicción, excluidos, niñez desprotegida, enfermos y ancianos abandonados, escenarios en que la dignidad humana es pisoteada, donde existe la irresponsabilidad en el cuidado “y qué decir de la temible y terrible amenaza contra la vida humana una vez concebida en el vientre de la madre”.

Dijo que se impone guardar fidelidad a la Iglesia, comenzando por su propia trasformación y conversión para ser pastores de una “Iglesia en Salida”.

La eucaristía fue presidida por monseñor Diómedes Espinal, presidente de la CED, y concelebrada por los demás obispos del país. Los religiosos pidieron orar por el Papa Francisco, los sacerdotes, laicos y por la paz y seguridad en la sociedad.

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El TC anula sistema de arrastre electoral en el nivel municipal

El Tribunal Constitucional declaró “nula y carente de todo efecto jurídico”  la disposición  contenida en el párrafo IV del artículo 104 de la Ley 15-19, orgánica de régimen electoral, que establece el sistema de arrastre electoral en el nivel municipal además del congresual, aunque este último ya había sido anulado de la ley 157-13, que instituye el voto preferencial.

La disposición que el TC declaró “no conforme con la Constitución”  establece que a  los candidatos a senadores  “se les computarán todos los votos obtenidos por el partido en la provincia; en el caso de los alcaldes, los votos obtenidos en todo el municipio; y respecto de los directores de distritos municipales, aquellos que han sido obtenido en el distrito municipal correspondiente”. 

La Corte Constitucional acogió tres acciones directas de inconstitucionalidad, una interpuestas por  Francisco del Rosario, otra por Juan Bautista Castillo Peña, y la tercera por los abogados Bunel Ramírez Merán, Eduardo Anziani Zapata, Sandra Báez Almonte, Fredermido Ferreras Díaz, Amaury Sánchez Brito y Juan Padilla Meléndez.

El dispositivo de la decisión del TC fue divulgado en el comunicado 40/20, publicado en su página web. Dispuso que la sentencia sea publicada en el boletín del TC. En el comunicado consta  el fallo contiene votos particulares, lo que indica que no fue aprobado a unanimidad.  Ordenò que la sentencia sea notificada a los accionantes, a la Procuraduría, al Senado y a la Cámara de Diputados. 

El sistema de arrastre de los diputados a los senadores ya había sido anulado por el TC en agosto del 2019, cuando anuló el párrafo del artículo 2 de la ley 157-13 que instituye el voto preferencial que lo contemplaba también. 

En las  elecciones  municipales del 15 de marzo pasado se realizaron con voto de arrastre, pero las del nivel congresual fueron celebradas con boletas separadas tanto para los senadores como para los diputados. 

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