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Cuentas por pagar serán revisadas exhaustivamente por el Gobierno de Abinader

El Gobierno hará una revisión minuciosa de las cuentas por pagar de la Administración que encabezó el ex presidente Danilo Medina, para verificar si fueron debidamente seguidos los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios del Estado.

El director de Presupuesto, José Rijo Presbot, advirtió hoy que van a ser “muy estrictos en ese tema”. Y “todas las cuentas por pagar serán revisadas, para ver si se llenó el debido proceso”, ratificó el funcionario.

En ese sentido, se refirió a pagos “irregulares” por 20,916 millones de pesos a contratistas del Ministerio de Obras Públicas y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), durante el período de transición.

Rijo Presbot manifestó que esos contratos no fueron auditados por la Contratoría General de la República y, como consecuencia, se desconoce si siguieron las normas establecidas para esos casos.

“Fueron pagos irregulares, sin registros”, afirmó durante una entrevista en el programa Telematutino 11, que producen Ramón Núñez Ramírez y Jacqueline Morel, por Telesistema, canal 11.

El funcionario sostuvo que esas compras fueron hechas sin que Obras Públicas tuviera los recursos para costearlas.

Asimismo, que los funcionarios de la OISOE pagaron en el proceso de transición obras que no fueron concluidas.

Resaltó el empeño del Gobierno de mejorar el gasto público en interés de superar el déficit presupuestario que arrastrará de aquí a diciembre, del 9.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Indicó que, aunque para alcanzar esa meta las autoridades tendrán que recurrir a endeudamiento externo y a la emisión de bonos, es imprescindible eliminar los gastos innecesarios y superar las deformaciones en toda la estructura del Estado.

“No hay manera de cubrir esta caída de los ingresos si no hay financiamiento”, aseveró, tras insistir en el tema.

Rijo Presbot advirtió que no puede repetirse el caso de la dependencia a su cargo, donde existían cinco asesores con sueldos de $200,000 mensuales, asignación de gastos de representación, combustibles y otros beneficios, pero que no desempeñaban ninguna labor.

Consideró que distorsiones como esa no pueden seguir en las instituciones del Estado, y por lo tanto no usará asesores sino que confiará en la capacidad de los técnicos de la institución a su cargo.

“Hay una firme voluntad de mejorar la calidad del gasto, para mejorar la calidad de vida de la gente”, precisó.

Asimismo, advirtió que ningún funcionario podrá hacer compras fuera de presupuesto y que de hacerlo, tendrán que cubrir esos desbalances presupuestarios con sus patrimonios.

El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, advirtió que ningún funcionario público podrá hacer compras fuera de las partidas asignadas a sus dependencias y que, de hacerlo, tendrán que cubrir esos desbalances presupuestarios con sus patrimonios.

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El Gobierno someterá a la justicia funcionarios acepten regalos

Los funcionarios y servidores públicos fueron advertidos hoy por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) que serán sometidos a la justicia en caso de que reciban gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones, recompensas, como pago por actos inherentes a sus cargos.

Mediante una circular, la entidad les recordó que el artículo 80 de la Ley 41-08, les prohíbe solicitar, aceptar o recibir, directamente o por medio de persona interpuesta, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas

También les hizo saber que por medio de esa legislación, les está prohibido solicitar, aceptar o recibir ventajas o beneficios en dinero o en especie, por facilitar a terceros la adquisición de bienes y servicios del Estado, o facilitar a éstos la venta de los mismos.

Por igual, les dijo que no pueden prestar, a título particular y en forma remunerada, servicios de asesoría o de asistencia al Estado, relacionados con las funciones propias de sus cargos.

En la circular les recordó a los funcionarios y servidores públicos que tampoco pueden recibir más de una remuneración con cargo al erario, excepto que estuviera expresamente prevista en las leyes o reglamentos; aceptar designación para desempeñar en forma simultánea más de un cargo del Estado, salvo cuando se trate de labores docentes, culturales, de investigación y las de carácter honorífico, no afectadas por incompatibilidad legal, y con la debida reposición horaria cuando hubiera superposición de este tipo.

Precisa la circular de la Digeig, que tampoco pueden obtener préstamos y contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales tengan relaciones oficiales en razón de los cargos públicos que desempeñan, ni intervenir, directa o indirectamente, en la suscripción de contratos con el Estado a través de la institución donde labora y en la obtención de concesiones o beneficios que impliquen privilegio oficial en su favor, salvo en los casos en que por mandato de la ley los deban suscribir.

Indica que, además, no pueden asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas o sustancias estupefacientes, ni participar en actividades oficiales en las que se traten temas sobre los cuales el servidor público tenga intereses particulares económicos, patrimoniales o de índole política que en algún modo planteen conflictos de intereses.

Tampoco valerse de sus influencias jerárquicas para acosar sexualmente a servidores públicos en el Estado, ni del cargo para hacerlo sobre ciudadanos que sean usuarios o beneficiarios de servicios del órgano o entidad a la que pertenezca el servidor público.

También les recuerda que la citada ley les impide requisar, sustraer o copiar informaciones de manejo exclusivo propio o de otros compañeros de trabajo, sin la expresa autorización de éstos o de su superior inmediato, todo esto sin desmedro de lo establecido en legislaciones vigentes; representar o patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones extrajudiciales contra de la administración pública, excepto en casos de defensa de intereses personales del servidor público, de su cónyuge y de sus parientes consanguíneos o afines en primer grado.

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