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El PLD vigila política económica de Luís Abinader desde la Junta Monetaria

El Partido de la Liberación Dominicana vigila “muy de cerca” la política económica del Presidente Luís Abinader, por la presencia de uno de sus principales dirigentes que figura como Miembro de la Junta Monetaria.

En efecto, el ex vicepresidente de la República y Miembro del Comité Político del PLD, Jaime David Fernández Mirabal, figura todavía como Miembro de ese delicado e importante organismo para el diseño y aplicación de las principales medidas económicas que toma el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno.

Se recuerda que el Presidente Danilo Medina mediante el decreto 213-16 nombró a Jaime David Fernández Mirabal como miembro de la Junta Monetaria, en sustitución de Emilio Luna Peguero

Luego, mediante el decreto 388-18 el presidente confirmó como miembros de la Junta Monetaria a: Ramón Núñez Ramírez, César Nicolás Penson, Manuel García Arévalo, George Manuel Hazoury, Jaime David Fernández Mirabal y Ricardo Rojas Léon.

En la página web de la Junta Monetaria figuran como miembros de ese importante organismo los siguientes ciudadanos:

Lic. Héctor Valdez Albizu

Gobernador del Banco Central

Presidente

José Manuel (Jochi) Vicente

Ministro de Hacienda
Miembro

Alejandro Fernández Whipple

Superintendente de Bancos
Miembro

Miembros


César Nicolás Penson

Manuel García Arévalo

George Manuel Hazoury

Jaime David Fernández

Ricardo Rojas León

José Manuel Mallén

Norma J. Molina De Nanita

Secretaria
Son miembros designados por dos años César Nicolás Penson, Manuel García Arévalo, George Manuel Hazoury, Jaime David Fernández Mirabal y Ricardo Rojas León, quienes fueron ratificados mediante el Decreto 388-18, publicado el 30 de octubre de 2018. Esto quiere decir que esos cinco miembros permanecerán en la Junta Monetaria hasta el 30 de octubre de este año.

La Junta Monetaria tiene entre sus delicadas misiones la siguientes:

1.- Mantener la estabilidad de precios

2.- Promover la estabilidad y fortalecimiento del sistema financiero y la eficiencia del sistema de pagos

3.- Optimizar la ejecución de las operaciones monetarias y cambiarias.

4.- Incrementar la efectividad de la regulación y la vigilancia de los sistemas financieros y de pago.

5.- Mantener niveles efectivos de comunicación, transparencia y gobernabilidad institucional.

6.- Incrementar el nivel de eficiencia operacional, del capital humano y tecnológico.

7.- Optimizar la Gestión Financiera Interna.

Entre otros.

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PRINCIPALES

IDAC ordena paralizar construcción Aeropuerto Internacional de Bávaro; lo declara lesivo al interés público

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) declaró hoy como lesivo al interés público el proyectado Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) aduciendo que su aprobación violó “los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente lo cual justifica su nulidad” y ordenó la suspensión de la construcción del mismo.

En la resolución hecha pública hoy firmada por su director, Román Caamaño Vélez, se consignan serias irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto y se destaca, además, la insuficiencia de estudios que garanticen tanto la seguridad operativa del aeropuerto como su conformidad con regulaciones vigentes, incluyendo las ambientales.

La determinación del IDAC se produce luego de un fuerte movimiento de opinión pública contrario a la construcción del AIB, sobre todo por la rapidez sospechosa con que culminó el proceso aprobatorio, la inexistencia de razones económicas válidas para una infraestructura de esa envergadura, el peligro medioambiental que entraña, los costos que supondrá para el erario pese a que se ha dicho que su financiamiento es estrictamente privado, y concesiones fiscales graciosas aprobadas por el Consejo de Fomento Turístico (Confotur).

La preocupación por la seguridad aparece como una de las razones principales en los considerandos de la resolución, donde se señala que “en los informes de viabilidad técnica del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro emitidos por distintos organismos de IDAC se puede constatar que, aunque otorgaron la no objeción al desarrollo del proyecto, se consideraba muy necesario mayor información, datos reales y certificados, que llevaran a un análisis de mayor magnitud”.

Se indica, además, “que es deber del Estado que las infraestructuras aeroportuarias sean instaladas sin poner en riesgo la seguridad aeronáutica del país y la operación de otras infraestructuras existentes, cuidando así de la seguridad ciudadana”. De construirse el AIB, habría apenas dos minutos de vuelo entre el nuevo aeropuerto y el de Punta Cana, por lo que un grupo de controladores aéreos advirtió las dificultades técnicas y peligro que esa cercanía acarrea.

Como confirmación de por lo menos negligencia en la autorización del proyecto, la resolución, marcada con el número 017/20, señala la ausencia de una serie de estudios esenciales para la autorización del proyecto, entre ellos los siguientes:
Estudios que demuestren si el proyecto reduce, constriñe o limita la capacidad operativa y comercial de los aeropuertos circundantes, tanto en llegadas como en las salidas al momento de su posible ejecución.
Estudios de viento (para la orientación de pistas) y temperatura (para definir dimensión de pista) por un período de 5 años exigidos por el RAD 14.
Estudio relacionado al peligro de aves (RAD 14) ya que el proyecto se desarrollaría en una zona donde operan tres vertederos.

Entre las irregularidad apuntadas en los considerandos figuran, además, la inexistencia de “los documentos corporativos que avalan la constitución o incorporación de la empresa, y que contiene información sobre sus socios, gerentes o directores; el cumplimiento de las normas aplicables a la contratación o concesión de infraestructuras de esta naturaleza; la notificación o aviso a los propietarios, poseedores y tenedores a cualquier título, de los predios vecinos a los que se proyecta construir dicho aeropuerto en cumplimiento de los Artículos 161 y 164 de la Ley No. 491-06”.

Los patrocinadores del proyecto tampoco aportaron “el Certificado de Titulo que ampara la propiedad del terreno donde se proyecta construir o el documento justificativo del goce o posesión legitimo del mismo; los estudios correspondientes para la determinación de los costos y beneficios que conllevaría para el Estado dominicano realizar las inversiones requeridas para equipar y prestar servicios en dicho aeropuerto, así como la viabilidad de las modificaciones en los procedimientos de navegación aérea citados”.

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