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Gobierno dominicano no firmará el Pacto Global sobre los Refugiados

Santo Domingo.- El Gobierno de la República Dominicana ha decidido no adoptar al Pacto Global sobre los Refugiados que será conocido el próximo lunes 17 de diciembre 2018, durante la Sesión Plenaria de la 73ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

“Reconocemos el carácter humanitario del Pacto de Refugiados y el interés de buscar una cooperación internacional para enfrentar los serios problemas y desafíos que generan los grandes desplazamientos humanos en diferentes partes del mundo como consecuencia de conflictos bélicos, guerras civiles y múltiples situaciones de crisis que afectan a diferentes países y regiones del mundo”, explica un comunicado de la Cancillería.

Indica que la República Dominicana se identifica con el espíritu del pacto y con aspectos fundamentales de este a la luz de sus compromisos que se derivan de su propia legislación y de las convenciones internacionales que el Estado dominicano ha suscrito y ratificado, especialmente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, del 28 de julio de 1951, aprobada por el Congreso Nacional mediante resolución núm. 694 del 8 de noviembre de 1977, así como el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, del 31 de enero de 1967, aprobado por el Congreso Nacional mediante resolución núm. 694 del 8 de noviembre de 1977.

Sin embargo, algunos de los principios del Pacto están sustentados en dos instrumentos internacionales de los cuales la República Dominicana no es parte:  la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, que, si bien esta última fue firmada por nuestro país el 5 de diciembre de 1961, no se ha producido su ratificación. Esta situación obliga a estudiar a fondo los compromisos que se derivan de dichas convenciones y si estos se ajustan a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico dominicano, ya que todo lo concerniente a refugiados y migrantes debe ser interpretado y aplicado conforme a los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales debidamente ratificados por el Estado dominicano.

En el territorio nacional solo el Estado dominicano puede conceder la condición de refugiado. No obstante, el Pacto pretende proporcionar las bases para una distribución de la carga y la responsabilidad entre los Estados miembros de las Naciones Unidas, lo que podría ser contrario al interés nacional y al ordenamiento jurídico dominicano. Desde un punto de vista práctico, esa distribución de cargas y responsabilidades podría afectar la capacidad de República Dominicana para acoger cantidades considerables de personas susceptibles de ser declaradas como refugiados conforme al nuevo estatuto internacional.

Un aspecto particularmente sensible es la formulación contenida en el Pacto en el sentido de que si bien el clima, la degradación ambiental y los desastres naturales no provocan, en sí mismos, los desplazamientos de refugiados, dichos fenómenos interactúan cada vez más con las causas de estos movimientos. Dadas las características particulares de la República Dominicana, adoptar una definición tan abierta de la condición de refugiado podría ser contrario al interés nacional.

La República Dominicana es un país solidario que asume con seriedad sus compromisos internacionales. Asimismo, cuenta con una legislación sobre refugiados que está siendo objeto de discusión en las instituciones relevantes del Estado para una posible revisión y actualización.

La República Dominicana reitera su compromiso con la cooperación internacional en el marco de las Naciones Unidas para contribuir con la paz, la seguridad, la resolución pacífica de los conflictos y la protección de los derechos humanos.

A la luz de estas consideraciones, la República Dominicana se abstendrá en la próxima votación relativa a la adopción del Pacto Global sobre Refugiados.

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Luis Abinader considera crisis de la deuda será mayor problema económico dejará Covid-19

La crisis de la deuda será el mayor problema económico que dejará la actual pandemia, lo cual empezará a reflejarse a partir del 2022, según las estimaciones del presidente Luis Abinader y externadas durante un conversatorio con el sociólogo español Ignacio Ramonet.

“La economía se va a recuperar, pero nos quedará la crisis de la deuda”, expresó Abinader al comentar una exposición de Ramonet durante una cena en el Palacio Nacional con un reducido grupo de intelectuales y directores de periódicos.

El propio mandatario, economista de profesión, expuso una atenuante: esa será la problemática mundial y, por tanto, deberá buscarse una solución global.

Aunque por caminos distintos, Ramonet y Abinader trataron el tema del tamaño del Estado. El cientista social y periodista español radicado en Francia hablaba de que ahora quedó de manifiesto la necesidad de un Estado grande, dejando la brecha de que esa expresión fuera interpretado desde el punto de vista asistencialista.

Abinader intervino para acotar que, a su entender, al Estado hay que verlo desde el punto de vista de regulador o de equilibrio del mercado, pero no para sustituir el rol del sector privado.

Manifestó con firmeza que el país va a pasar la actual crisis, pero el problema que se deberá enfrentar en dos años es el de la deuda.

Recordó que para concluir el actual presupuesto las autoridades que asumieron el 16 de agosto tuvieron que hacer una colocación de bonos soberanos por el equivalente de 3,800 millones de dólares.

Admitió que en los organismos internacionales han sido flexibles con el nivel de la deuda, pero que tienen las expectativas de que el próximo año el país se maneje con un déficit de alrededor del 4% del Producto Interno Bruto.

“No será fácil”, puntualizó el presidente Abinader tras considerar que a finales del presente año no se habrá recuperado el turismo, aunque aspira a que en octubre el 40% de los hoteles haya abierto.

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