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Gustavo Montalvo es designado para presidir Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Suiza

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, fue elegido para presidir la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), la mayor reunión anual de la comunidad de las “tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el desarrollo”.

El evento se celebrará en Ginebra, Suiza, del 6 al 9 de abril de este año.

Gustavo Montalvo será el primer latinoamericano en encabezar este encuentro internacional de carácter anual que surgió mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001.

La elección del ministro fue una decisión conjunta de distintas entidades de las Naciones Unidas y de otras agencias internacionales que organizan el evento: la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), entre otras entidades. 

Al foro internacional se espera la participación de más de 3,000 personas vinculadas a las tecnologías de la información procedentes de 60 países, incluyendo alrededor de 200 ministros, embajadores, jefes de organismos internacionales, autoridades reguladoras, líderes de la industria, representantes de alto nivel de la sociedad civil y la academia.

El ministro Montalvo agradeció haber sido elegido para representar al país en tal magno evento. “Es un honor ser designado para esa posición en la cumbre mundial más importante en materia de tecnologías de información y comunicaciones”, destacó.

Además, valoró que se haya tomado como referencia para otros países el trabajo que se impulsa en la República Dominicana.

“La designación es, también, un reconocimiento a nuestra labor en materia de acceso a las tecnologías en aras de reducir la brecha digital existente, a nuestros avances en la agenda de inclusión digital y el gobierno electrónico, impulsados a través del programa República Digital”, expresó Montalvo.

Subrayó que la Cumbre es el escenario ideal para conocer las iniciativas que otros países llevan a cabo para reducir las desigualdades sociales a través del uso efectivo de las TIC.

“Así como el programa República Digital puede servir de ejemplo de buenas prácticas para otros países, también, para nosotros, la Cumbre será un espacio importante para intercambiar información, compartir experiencias que nos permitan mejorar lo que hacemos como parte de nuestra agenda digital”, dijo.

El ministro expresó que la distinción es una motivación adicional para continuar trabajando por una República Dominicana que camina con paso firme hacia la transformación digital.

Cumbre y los ODS

El desarrollo de la Cumbre girará en torno a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En la misma se abordarán temas de acceso, infraestructura, democratización del internet, inclusión digital, innovación, inteligencia artificial, ciberseguridad, juventud y tecnología, entre otros.

Además, en el evento se llevarán a cabo 16 sesiones de política de alto nivel, en las que personalidades designadas por las autoridades de los países miembros expondrán sobre la aplicación de las TIC en la consecución de los ODS en sus respectivas naciones.

También se celebrará una mesa redonda ministerial con participación exclusiva de los ministros encargados de los temas de tecnología, telecomunicaciones e innovación de cada país.

En una resolución de 2015, la ONU reconoció la importancia de las TIC en la realización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a la vez que subrayó que las tecnologías pueden facilitar los progresos en relación con los 17 objetivos económicos, sociales y ambientales planteados en esa agenda.

Otras agencias que colaboran en la cumbre

Además de las instituciones mencionadas, en la Cumbre son coauspiciadoras otras instituciones como el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (Undesa), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONU Mujeres.

Asimismo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi), la Cámara de Comercio Internacional (CCI), la Unión Postal Universal (UPU) y las comisiones regionales de las Naciones Unidas

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IDAC ordena paralizar construcción Aeropuerto Internacional de Bávaro; lo declara lesivo al interés público

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) declaró hoy como lesivo al interés público el proyectado Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) aduciendo que su aprobación violó “los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente lo cual justifica su nulidad” y ordenó la suspensión de la construcción del mismo.

En la resolución hecha pública hoy firmada por su director, Román Caamaño Vélez, se consignan serias irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto y se destaca, además, la insuficiencia de estudios que garanticen tanto la seguridad operativa del aeropuerto como su conformidad con regulaciones vigentes, incluyendo las ambientales.

La determinación del IDAC se produce luego de un fuerte movimiento de opinión pública contrario a la construcción del AIB, sobre todo por la rapidez sospechosa con que culminó el proceso aprobatorio, la inexistencia de razones económicas válidas para una infraestructura de esa envergadura, el peligro medioambiental que entraña, los costos que supondrá para el erario pese a que se ha dicho que su financiamiento es estrictamente privado, y concesiones fiscales graciosas aprobadas por el Consejo de Fomento Turístico (Confotur).

La preocupación por la seguridad aparece como una de las razones principales en los considerandos de la resolución, donde se señala que “en los informes de viabilidad técnica del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro emitidos por distintos organismos de IDAC se puede constatar que, aunque otorgaron la no objeción al desarrollo del proyecto, se consideraba muy necesario mayor información, datos reales y certificados, que llevaran a un análisis de mayor magnitud”.

Se indica, además, “que es deber del Estado que las infraestructuras aeroportuarias sean instaladas sin poner en riesgo la seguridad aeronáutica del país y la operación de otras infraestructuras existentes, cuidando así de la seguridad ciudadana”. De construirse el AIB, habría apenas dos minutos de vuelo entre el nuevo aeropuerto y el de Punta Cana, por lo que un grupo de controladores aéreos advirtió las dificultades técnicas y peligro que esa cercanía acarrea.

Como confirmación de por lo menos negligencia en la autorización del proyecto, la resolución, marcada con el número 017/20, señala la ausencia de una serie de estudios esenciales para la autorización del proyecto, entre ellos los siguientes:
Estudios que demuestren si el proyecto reduce, constriñe o limita la capacidad operativa y comercial de los aeropuertos circundantes, tanto en llegadas como en las salidas al momento de su posible ejecución.
Estudios de viento (para la orientación de pistas) y temperatura (para definir dimensión de pista) por un período de 5 años exigidos por el RAD 14.
Estudio relacionado al peligro de aves (RAD 14) ya que el proyecto se desarrollaría en una zona donde operan tres vertederos.

Entre las irregularidad apuntadas en los considerandos figuran, además, la inexistencia de “los documentos corporativos que avalan la constitución o incorporación de la empresa, y que contiene información sobre sus socios, gerentes o directores; el cumplimiento de las normas aplicables a la contratación o concesión de infraestructuras de esta naturaleza; la notificación o aviso a los propietarios, poseedores y tenedores a cualquier título, de los predios vecinos a los que se proyecta construir dicho aeropuerto en cumplimiento de los Artículos 161 y 164 de la Ley No. 491-06”.

Los patrocinadores del proyecto tampoco aportaron “el Certificado de Titulo que ampara la propiedad del terreno donde se proyecta construir o el documento justificativo del goce o posesión legitimo del mismo; los estudios correspondientes para la determinación de los costos y beneficios que conllevaría para el Estado dominicano realizar las inversiones requeridas para equipar y prestar servicios en dicho aeropuerto, así como la viabilidad de las modificaciones en los procedimientos de navegación aérea citados”.

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