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PRSC solicita al Gobierno que prohíba los vuelos desde y hacia Europa por 30 días, así como el cierre temporal de la frontera terrestre

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) pidió este viernes al Gobierno que prohíba los vuelos desde y hacia Europa por 30 días, así como el cierre temporal de la frontera terrestre por igual período, como medida de prevención contra la pandemia del coronavirus COVID-19, que ha provocado la muerte a más de 3 mil personas.

El presidente del PRSC, Quique Antún, planteó igualmente prohibir por 30 días las actividades de todo tipo que conlleven la concentración de 500 personas o más, incluida la suspensión de la docencia en las escuelas y universidades públicas y privadas por un período de 21 días.

Dijo que se hace necesario y urgente una reforma del sistema sanitario para enfrentar los casos de la enfermedad, “igual que impulsar un masivo programa de concienciación del virus y de las practicas culturales que evitan su propagación”.

El líder reformista, quien habló en una conferencia de prensa en la sede del PRSC, también sugirió que el gobierno disponga un esquema transitorio de control de precio para evitar la especulación en alimentos, medicamentes y servicios esenciales. Estuvo acompañado de la candidata vicepresidencial del Partido Reformista, Fuerza del Pueblo (FP) y partidos aliados, Sergia Elena de Séliman; del secretario de Organización, José Balaguer; el secretario de Salud, doctor Francisco Castillo Carías, y el miembro del Directorio Presidencial (DP), Alfredo González.

Quique Antún recomendó igualmente al gobierno hacer mandatario a las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) la cobertura en los casos del coronavirus.

Dijo que es imperdonable que las autoridades gubernamentales todavía estén permitiendo la entrada al país de personas procedentes de China, donde se originó la terrible enfermedad, y de  países de Europa, como Italia, donde miles de personas están infectadas y cientos ya han fallecido.

“Hay que tomar medidas urgentes para evitar la propagación en el país de esta enfermedad que tiene aterrorizado al mundo”, agregó.

Insistió que hay que prohibir la entrada y salida de vuelos hacia Europa, “para evitar que sigan registrándose casos de coronavirus en nuestro país a niveles que puedan escapársele de las manos a las autoridades”.

El líder reformista pidió que se instruya a la Dirección General de Migración para que se tomen todas las medidas de lugar que sean necesarias  “para proteger a los dominicanos de esta pandemia, de la que ya se han confirmado en el país cinco casos”.

Quique Antún dijo que el PRSC también pidió la sustitución de la costosa campaña publicitaria gubernamental por una masiva promoción para concientizar a la población de cómo evitar el contagio del coronavirus.

Asimismo, solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) mediante una comunicación dirigida al pleno de esa institución,  que la actual campaña electoral sea reorientada a los fines de que la misma solo sea realizada a través de los medios de comunicación, como televisión, radio, periódicos y redes sociales.

Explicó que con esa medida se evita la conglomeración de personas en actividades proselitistas, como son caravanas, marchas, mítines y reuniones masivas.

“No se puede permitir ante la situación que vive el mundo con esta pandemia, que se estén celebrando actividades que reúnan grandes cantidades de personas, ya que mezcolanza es la principal vía de contagio de coronavirus”, dijo.

El presidente del Partido Reformista sugirió, además, que para las elecciones que se avecinan, a los centros de votaciones debe suministrárseles desinfectantes para el personal que labora en los mismos y para los electores.

Explicó que el PRSC está consciente de que algunas de estas medidas pueden afectar sensiblemente a la sociedad dominicana y su economía, “pero sin embargo, la preservación de la salud y la vida de las personas están por encima de cualquier cosa”.

“Al igual que los demás países que están sufriendo esta grave crisis, debemos lograr un buen equilibrio entre proteger la salud, minimizar las interrupciones económicas y sociales y respetar los derechos humanos”, agregó.

Quique Antún resaltó finalmente que el impacto económico que podría provocarle al país esta enfermedad debe de asumirse, “pero lo que nunca debemos permitir es la propagación del virus, lo que podría causar muertes que pudieran ser evitadas con las propuestas que de manera responsables estamos planteando en el día de hoy”.

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IDAC ordena paralizar construcción Aeropuerto Internacional de Bávaro; lo declara lesivo al interés público

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) declaró hoy como lesivo al interés público el proyectado Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) aduciendo que su aprobación violó “los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente lo cual justifica su nulidad” y ordenó la suspensión de la construcción del mismo.

En la resolución hecha pública hoy firmada por su director, Román Caamaño Vélez, se consignan serias irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto y se destaca, además, la insuficiencia de estudios que garanticen tanto la seguridad operativa del aeropuerto como su conformidad con regulaciones vigentes, incluyendo las ambientales.

La determinación del IDAC se produce luego de un fuerte movimiento de opinión pública contrario a la construcción del AIB, sobre todo por la rapidez sospechosa con que culminó el proceso aprobatorio, la inexistencia de razones económicas válidas para una infraestructura de esa envergadura, el peligro medioambiental que entraña, los costos que supondrá para el erario pese a que se ha dicho que su financiamiento es estrictamente privado, y concesiones fiscales graciosas aprobadas por el Consejo de Fomento Turístico (Confotur).

La preocupación por la seguridad aparece como una de las razones principales en los considerandos de la resolución, donde se señala que “en los informes de viabilidad técnica del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro emitidos por distintos organismos de IDAC se puede constatar que, aunque otorgaron la no objeción al desarrollo del proyecto, se consideraba muy necesario mayor información, datos reales y certificados, que llevaran a un análisis de mayor magnitud”.

Se indica, además, “que es deber del Estado que las infraestructuras aeroportuarias sean instaladas sin poner en riesgo la seguridad aeronáutica del país y la operación de otras infraestructuras existentes, cuidando así de la seguridad ciudadana”. De construirse el AIB, habría apenas dos minutos de vuelo entre el nuevo aeropuerto y el de Punta Cana, por lo que un grupo de controladores aéreos advirtió las dificultades técnicas y peligro que esa cercanía acarrea.

Como confirmación de por lo menos negligencia en la autorización del proyecto, la resolución, marcada con el número 017/20, señala la ausencia de una serie de estudios esenciales para la autorización del proyecto, entre ellos los siguientes:
Estudios que demuestren si el proyecto reduce, constriñe o limita la capacidad operativa y comercial de los aeropuertos circundantes, tanto en llegadas como en las salidas al momento de su posible ejecución.
Estudios de viento (para la orientación de pistas) y temperatura (para definir dimensión de pista) por un período de 5 años exigidos por el RAD 14.
Estudio relacionado al peligro de aves (RAD 14) ya que el proyecto se desarrollaría en una zona donde operan tres vertederos.

Entre las irregularidad apuntadas en los considerandos figuran, además, la inexistencia de “los documentos corporativos que avalan la constitución o incorporación de la empresa, y que contiene información sobre sus socios, gerentes o directores; el cumplimiento de las normas aplicables a la contratación o concesión de infraestructuras de esta naturaleza; la notificación o aviso a los propietarios, poseedores y tenedores a cualquier título, de los predios vecinos a los que se proyecta construir dicho aeropuerto en cumplimiento de los Artículos 161 y 164 de la Ley No. 491-06”.

Los patrocinadores del proyecto tampoco aportaron “el Certificado de Titulo que ampara la propiedad del terreno donde se proyecta construir o el documento justificativo del goce o posesión legitimo del mismo; los estudios correspondientes para la determinación de los costos y beneficios que conllevaría para el Estado dominicano realizar las inversiones requeridas para equipar y prestar servicios en dicho aeropuerto, así como la viabilidad de las modificaciones en los procedimientos de navegación aérea citados”.

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