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Somos Pueblo deposita querella en el PEPCA contra Gonzalo Castillo

Esta querella es el cumpleaños de Gonzalo castillo, que hoy 20 de noviembre celebra 59 años”, así se expresaron los miembros del movimiento cívico Somos Pueblo, al depositar hoy una denuncia en contra del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y actual precandidato a la presidencia a quien acusan de presunto acto de corrupción.

Ricardo Ripoll, Eduardo Sánchez y Jesús Espaillat Cabral, presidente, secretario de organización y vicepresidente, presentaron la denuncia en contra del exfuncionario por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca),por los presuntos actos de prevaricación, sobornos en el comercio, inversión y lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas.

En el sometimiento que consta de 19 páginas, los querellantes alegan que Gonzalo Castillo entre el 16 de agosto de 2012 al 12 de septiembre 2019, fue el principal líder de una macro estructura de corrupción que funcionó desde ese ministerio, y un entramado societario de su propiedad, que operó en su oficina persona, en la calle José López esquina Amelia Francasci, edificio Gampsa, en el sector Los Prados.

Sostienen que desde ese lugar se cometieron innumerables hechos ilícitos como: la sobrevaluación de obras públicas, recepción de sobornos, prevaricación, lavados de activos, todo ello con la aprobación de su superior directo el presidente Danilo Medina.

Además indicaron en la instancia, que el exministro es responsable de la contratación y ejecución de las obras de Odebrecht, tales como: la carretera Uvero Alto-Miches, Sabana de la Mar, circunvalación San Francisco de Macorís, carretera Cibao Sur, Boulevard turístico del Este y circunvalación de La Romana.

Alegan que en el juicio de fondo que se conoce en el pleno de la Suprema Corte de Justicia, los implicados en el caso Odebrecht reposan certificaciones de Bancamérica que confirman los actos de corrupción.

El documento establece que Castillo tiene vínculos con el Cartel del Sol (narcotráfico Venezuela), específicamente con Tareck Zaidan El Aissami Maddah, quien la OFAC de Estados Unidos ha identificado como uno de los narcotraficantes más importantes de toda Venezuela.

A la salida, del Pepca, los miembros de Somos Pueblo, dijeron esperar que la titular del órgano,Laura Guerrero de curso a la denuncia interpuesta en contra de Gonzalo castillo, en el día de hoy que es la fecha de cumpleaños de Castillo, que es el regalo que tienen para él.

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IDAC ordena paralizar construcción Aeropuerto Internacional de Bávaro; lo declara lesivo al interés público

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) declaró hoy como lesivo al interés público el proyectado Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) aduciendo que su aprobación violó “los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente lo cual justifica su nulidad” y ordenó la suspensión de la construcción del mismo.

En la resolución hecha pública hoy firmada por su director, Román Caamaño Vélez, se consignan serias irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto y se destaca, además, la insuficiencia de estudios que garanticen tanto la seguridad operativa del aeropuerto como su conformidad con regulaciones vigentes, incluyendo las ambientales.

La determinación del IDAC se produce luego de un fuerte movimiento de opinión pública contrario a la construcción del AIB, sobre todo por la rapidez sospechosa con que culminó el proceso aprobatorio, la inexistencia de razones económicas válidas para una infraestructura de esa envergadura, el peligro medioambiental que entraña, los costos que supondrá para el erario pese a que se ha dicho que su financiamiento es estrictamente privado, y concesiones fiscales graciosas aprobadas por el Consejo de Fomento Turístico (Confotur).

La preocupación por la seguridad aparece como una de las razones principales en los considerandos de la resolución, donde se señala que “en los informes de viabilidad técnica del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro emitidos por distintos organismos de IDAC se puede constatar que, aunque otorgaron la no objeción al desarrollo del proyecto, se consideraba muy necesario mayor información, datos reales y certificados, que llevaran a un análisis de mayor magnitud”.

Se indica, además, “que es deber del Estado que las infraestructuras aeroportuarias sean instaladas sin poner en riesgo la seguridad aeronáutica del país y la operación de otras infraestructuras existentes, cuidando así de la seguridad ciudadana”. De construirse el AIB, habría apenas dos minutos de vuelo entre el nuevo aeropuerto y el de Punta Cana, por lo que un grupo de controladores aéreos advirtió las dificultades técnicas y peligro que esa cercanía acarrea.

Como confirmación de por lo menos negligencia en la autorización del proyecto, la resolución, marcada con el número 017/20, señala la ausencia de una serie de estudios esenciales para la autorización del proyecto, entre ellos los siguientes:
Estudios que demuestren si el proyecto reduce, constriñe o limita la capacidad operativa y comercial de los aeropuertos circundantes, tanto en llegadas como en las salidas al momento de su posible ejecución.
Estudios de viento (para la orientación de pistas) y temperatura (para definir dimensión de pista) por un período de 5 años exigidos por el RAD 14.
Estudio relacionado al peligro de aves (RAD 14) ya que el proyecto se desarrollaría en una zona donde operan tres vertederos.

Entre las irregularidad apuntadas en los considerandos figuran, además, la inexistencia de “los documentos corporativos que avalan la constitución o incorporación de la empresa, y que contiene información sobre sus socios, gerentes o directores; el cumplimiento de las normas aplicables a la contratación o concesión de infraestructuras de esta naturaleza; la notificación o aviso a los propietarios, poseedores y tenedores a cualquier título, de los predios vecinos a los que se proyecta construir dicho aeropuerto en cumplimiento de los Artículos 161 y 164 de la Ley No. 491-06”.

Los patrocinadores del proyecto tampoco aportaron “el Certificado de Titulo que ampara la propiedad del terreno donde se proyecta construir o el documento justificativo del goce o posesión legitimo del mismo; los estudios correspondientes para la determinación de los costos y beneficios que conllevaría para el Estado dominicano realizar las inversiones requeridas para equipar y prestar servicios en dicho aeropuerto, así como la viabilidad de las modificaciones en los procedimientos de navegación aérea citados”.

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