En una fecha como hoy, cuando el mundo reflexiona sobre la violencia que enfrentan millones de mujeres, República Dominicana debería exhibir política
En una fecha como hoy, cuando el mundo reflexiona sobre la violencia que enfrentan millones de mujeres, República Dominicana debería exhibir políticas claras, efectivas y sostenibles. Sin embargo, la conversación urgente vuelve a tocar un punto sensible: ¿qué se está haciendo realmente con el presupuesto del Ministerio de la Mujer?
Cada año se anuncian programas, promesas, iniciativas y líneas de acción para enfrentar la violencia de género y promover la igualdad. Pero la realidad cotidiana sigue mostrando una distancia enorme entre los discursos oficiales y la experiencia de las mujeres dominicanas.
Los refugios continúan siendo insuficientes, los programas de prevención no se ven, y los territorios siguen desprotegidos.
Si hay un presupuesto asignado, ¿por qué no se perciben los resultados?
La pregunta vuelve una y otra vez:
¿En qué se están utilizando realmente esos recursos?
¿Existen informes claros de ejecución? ¿Dónde está la evaluación pública de impacto? ¿Se está cumpliendo lo prometido?
No se trata de acusar, sino de exigir la transparencia mínima que debe regir toda institución pública. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se gestiona el dinero destinado a un problema tan delicado como la violencia contra las mujeres.
Por eso, desde La Nación, agradecemos a la Junta de Prensa y anunciamos que iniciaremos un proceso formal de solicitudes de información pública, amparados en la Ley de Libre Acceso a la Información, para obtener detalles claros y verificables sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio de la Mujer y las políticas financiadas con esos fondos.
Queremos tener la certeza de que cada peso del presupuesto —que pertenece a la ciudadanía— esté siendo utilizado para beneficiar a las mujeres dominicanas, tal como la ley y el sentido común demandan. Y también queremos evitar que estos recursos terminen, como tantas veces ha ocurrido en otras instituciones, diluidos en prácticas de favoritismo, pagos políticos o dádivas que nada tienen que ver con la protección de los derechos de la mujer.
No afirmamos que esto esté ocurriendo, pero sí señalamos la legítima preocupación que existe en distintos sectores sociales.
Este editorial es un llamado directo a la incumbente actual del Ministerio y a su equipo: rendir cuentas no es opcional, es un deber. Abrir los datos, transparentar los gastos y mostrar resultados es la única forma de recuperar la confianza en una institución que debería ser el primer escudo de protección para miles de mujeres.
En este 25 de noviembre, la pregunta es tan incómoda como necesaria:
¿Está el Ministerio de la Mujer usando su presupuesto para transformar la realidad… o simplemente para administrarla?
La Nación reafirma que el país tiene derecho a saberlo. Y ese proceso comienza hoy.
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