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Monchy Fadul dice artículo que prohíbe la reelección de Danilo Medina no formó parte del pacto de Juan Dolio

Menchy Fadul, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, negó que el artículo transitorio número veinte de la Constitución, que limita la posibilidad de repostularse del presidente Danilo Medina para las próximas elecciones, sea parte del acuerdo firmado por este organismo en Juan Dolio, en el año 2015.

El dirigente peledeísta llamó a que se revisen los 15 puntos del acuerdo de Juan Dolio, el cual tiene como primer elemento ”impulsar la decisión del Comité Político de fecha 19 de abril del presente año, de proponer la modificación del artículo 124 de la Constitución de la República y de agregarle a la misma un artículo transitorio”.

Monchy Fadul se sumó al grupo de danilistasque han cuestionado el referido acuerdo, luego de que la semana pasada el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, lo calificara de “atraco”. Fadul reiteró que el artículo debe ser eliminado por considerarlo discriminatorio en contra del Presidente.

Sobre la reunión que sostendrá el Comité Político del PLD el próximo lunes, el también ministro de Interior y Policía, aseguró que en esta se abordará el tema de las reservas de candidaturas, aunque no descartó que sea propuesta la modificación de la Constitución.

En otro orden, Monchy Fadul denunció que hay sectores detrás de desacreditar a la Junta Central Electoral (JCE), a propósito de las declaraciones del precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, en las que aseguró que vigila cada paso del órgano electoral.

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Propuesta para establecer el 45% para ganar en primera vuelta enciende debate sobre  posible reforma constitucional

La propuesta del abogado y politólogo Carlos Gabriel García para que en una posible reforma constitucional, a partir del Diálogo Nacional, se establezca un 45 por ciento para ganar en primera vuelta las elecciones presidenciales, ha generado un encendido debate en las redes sociales, entre figuras importantes del mundo político y académico del país.

El exdiputado y presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, rechazó la iniciativa por considerar que el porcentaje del 50 por ciento que establece actualmente la Constitución de la República, otorga más legítimidad a las autoridades electas

El doctor Carlos Gabriel García ripostó esos argumentos, destacando que la legítimidad de un gobierno no viene dada por el establecimiento del 50 por ciento para ganar las elecciones, porque “países que exhiben una fortaleza institucional envidiable” como Argentina, eligen sus autoridades con un 45 por ciento de los votos afirmativos de un proceso electoral.

“Más aún países con una tradición democrática como México no tienen segunda vuelta electoral, porque sus presidentes son electos con una mayoría relativa.  Ese mismo modelo prevalece en Panamá, Honduras y  Paraguay, entre otros” explicó Gabriel García.

Recordó que el 50% más uno no se incorporó en la Constitución dominicana para revestir de mayor legítimidad a las autoridades electas, sino para impedir que José Francisco Peña Gómez ganara las elecciones del 1996.

Manifestó  que el Pacto por la Democracia, firmado por el doctor Peña Gómez y Joaquín Balaguer para conjurar la crisis electoral del 1994, establecía un  45 por ciento para ganar en la primera vuelta electoral, pero que grupos interesados en detener el triunfo del líder del PRD violaron ese acuerdo para establecer el 50 por ciento.

Explicó el profesor universitario que ese porcentaje lejos de fortalecer la democracia, la debilita porque convierte los procesos electorales en una piñata electoral, mediante la cual se debilita la plataforma programática del partido y candidato punteros y se distribuye el Estado como un botín de recompensa.

Por su parte, el reconocido constitucionalista , Eduardo Jorge Prats, advirtió sobre los peligros de una reforma constitucional y sobre la propuesta dijo que ese era el mambo constitucional que se bailará en lo que llamó “pandemonio de la Asamblea Nacional Revisora que la mayoría de los juristas dominicanos considera omnipotente e infalible”

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