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INTERNACIONAL

Fiscalía anuncia investigación a presidente de Costa Rica

La Fiscalía de Costa Rica anunció que abrió una investigación contra el presidente Carlos Alvarado y siete de sus funcionarios para determinar posibles violaciones al uso de datos personales de los costarricenses.

Como parte de la investigación, miembros del Ministerio Público allanaron el viernes la Casa Presidencial, una acción nunca vista contra un mandatario en funciones.

La Fiscalía informó en un comunicado que el presidente Alvarado, su ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y cinco funcionarios más son investigados por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato (o mal uso de las atribuciones de la autoridad).

La investigación se derivó de quejas de diversos sectores por la creación de la llamada Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la cual es vista por algunos como una manera de tener acceso irregular a información personal.

El gobierno publicó el 19 de febrero un decreto por el que se creaba esa unidad, e incluyó un articulado en el que autoriza a esa dependencia a solicitar datos “confidenciales” de la población que están en manos de las instituciones públicas.

Ese artículo desató la protesta de sectores políticos y ciudadanos. Dos días después, el gobierno derogó el decreto y el ministro de la Presidencia reconoció que la redacción “no era la más feliz”.

El gobierno aseguró que no se buscaba nada irregular. Sin embargo, reconoció que esa unidad de datos ya operaba desde hace año y medio, lo cual provocó más enojo y la creación de una comisión legislativa para investigar sus acciones y varias demandas legales planteadas por ciudadanos.

Los allanamientos de este viernes fueron dirigidos hacia la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y cuatro casas de los funcionarios investigados.

La investigación preliminar detalla que desde mayo de 2018 y hasta octubre del 2019, tres personas fungían como asesores de datos de la Presidencia y conformaron una unidad para analizar información y generar políticas públicas, pero sin ningún respaldo legal.

“Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto”, señaló el Ministerio Público.

Las autoridades presumen que el presidente Alvarado, el ministro Morales y el viceministro de Planificación, Luis Manuel Soto, emitieron el decreto para crear la UPAD y autorizar el uso de datos confidenciales, pese a que sabían que esto infringía la ley.

La ministra de Comunicación, Nancy Marín, aseguró que el presidente Alvarado no se encontraba dentro de la Casa Presidencial e indicó que el gobierno tiene las “puertas abiertas” para colaborar con la indagatoria judicial

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INTERNACIONAL

Fiscalía de Haití llama a declarar al primer ministro por el magnicidio

La Fiscalía de Puerto Príncipe envió este viernes una invitación al primer ministro de Haití, Ariel Henry, para que se presente a declarar en el marco del caso del asesinato del presidente Jovenel Moise, cometido el pasado 7 de julio.

Henry, máxima autoridad del país en estos momentos, fue invitado a declarar el próximo martes 14 de septiembre, según consta en la carta suscrita por el fiscal Bed-Ford Claude, a la que tuvo acceso Efe.

En la misiva, el fiscal afirma que “está confirmado” que Henry intercambió dos llamadas telefónicas con uno de los principales sospechosos del asesinato, Joseph Felix Badio, a las 4.20 y 4.30 de la mañana del 7 de julio, unas tres horas después del asesinato.

“La geolocalización de estas llamadas tendenciosas merecen ser aclaradas, establecen sin equívoco que el prófugo Badio se encontraba en el momento de la conversación en Pélerin 5, lugar de la residencia de la víctima y de la perpetración de este crimen”, afirma el fiscal.

Henry fue nombrado primer ministro por Moise el 5 de julio, pero no asumió el cargo hasta el 20 de julio, cuando dejó el cargo su antecesor, Claude Joseph.

Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití, es sospechoso de ser la persona que coordinó la operación en el terreno y que sirvió de enlace con el comando de mercenarios colombianos que atacaron la residencia de Moise.

La Policía haitiana ha anunciado una recompensa de 60.000 dólares a quien ofrezca informaciones que lleven a la detención de Badio, o de otros dos sospechosos de haber planificado el magnicidio, la exjueza Windelle Coq Thélot y el exsenador John Joel Joseph.

El caso del magnicidio se encuentra en manos del juez de instrucción Garry Orélien, quien la semana pasada celebró la primera audiencia, en la que interrogó al coordinador de la seguridad de Moise, Jean Laguel Civil, en el Palacio de Justicia de Puerto Príncipe.

Según las autoridades haitianas, 44 personas se encuentran en prisión preventiva, entre ellos 18 colombianos y 12 policías que integraban el cuerpo de seguridad de Moise, que no reaccionó ante el ataque.

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