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OPINIÓN

Ramón Núñez Ramírez: Stock certificados BC en la mesa de la deuda publica

Ramón Núñez Ramírez

Los valores en circulación surgieron en la década de los 90´s como otro instrumento de Política Monetaria, su monto a diciembre de 2002 ascendían apenas a RD$6,905.3 millones(US$332.8 millones) equivalentes al 1.3% del PIB, pero con la quiebra fraudulenta de tres bancos y la devolución de todos los depósitos, las autoridades trataron de neutralizar esa hemorragia monetaria mediante la colocación de certificados que al 16 de agosto de 2004 ascendían a RD$89,438 millones(US$2,153.6 millones), equivalentes al 9.3% del PIB; la deuda del BC ha seguido creciendo de manera sostenida representando en la actualidad un componente importante de la deuda pública consolidada.

Con la llegada de las nueva autoridades monetarias el 16 de agosto de 2004(fui Miembro de la JM 2004-2019) se comenzó a trabajar en una “Solución Integral para la Reducción del Déficit Cuasi-Fiscal” uno de cuyos puntos era un ley de capitalización del BC que fue promulgada el 13 de julio de 2007(Ley 167-07) que establecía el Gobierno Dominicano reconocía la deuda acumulada desde la creación del BC, se comprometía a la emisión de bonos y pagos de intereses cuyo objetivo era reducir gradualmente el déficit cuasi-fiscal y desmontar el stock de certificados.

La ley contemplaba transferencias del Gobierno Central que el primer año serian equivalentes al 0.5% del PIB y cada año debía aumentar 0.1% del PIB hasta que el décimo año llegaba al 1.4% del PIB. En el gobierno del Dr. Leonel Fernández se cumplió con la ley transfiriendo en 2008 el 0.5% del PIB hasta que en 2012 ascendió al 0.9% del PIB, sin embargo en el gobierno de Danilo Medina se estableció un monto fijo de 0.7% del PIB que nunca se realizó ese monto de transferencias, a tal punto que, de acuerdo al informe remitido al Congreso, el BC había dejado de recibir RD$47,946 millones a mayo de 2019.

El incumplimiento de la Ley de Capitalización, hasta la suspensión de las transferencias, provocan que el BC no puede dejar en circulación el pago de los intereses (en la actualidad deben rondar los RD$75-$80 mil millones anuales) y para retirar ese circulante debe emitir nuevos certificados, de igual manera la misma Política Monetaria obliga a incrementar el stock de deuda cuando se aplican políticas contraccionistas o se aumentan las Reservas Internacionales Netas.

El 16 de agosto de 2020 los certificados del BC alcanzaron el monto de RD$624,104.6 millones (US$10,701.38 millones) equivalente al 13.6% del PIB y al mes de abril de 2021 sumaban RD$786,381.3 millones (US$13,844.7 millones), equivalente al 16,6 % del PIB, suponiendo que el PIB nominal en dólares aumente 6.0% este año, luego de caer de US$88,906 millones en 2019 a US$78,829 en 2020.

Ese crecimiento sostenido del stock de certificados representa un lastre para la Política Monetaria y un grave peligro si ese monto de deuda tropieza con una pérdida de la estabilidad, inflación y aumento de las tasas de interés.

Por estas razones a la hora de discutir un Pacto Fiscal, cuyo objetivo debe ser aumentar la presión tributaria, mejorar la calidad del gasto, generas superávit primarios crecientes para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública, deberá estar sobre esa mesa el tema del déficit cuasi-fiscal y la deuda del Banco Central que al mes de abril de este año representa el 23% de la deuda publica consolidada.

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OPINIÓN

Guido Gómez Mazara: La ira de los excluidos

Han sido base de una legitimidad democrática en América Latina

Guido Gómez Mazara

Cuando Hugo Chávez Frías derrotaba a Henrique Salas Romer con el 56% de los votos, arrancaba una gestión de gobierno 1999-2004 como resultado de las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 1998 que transformaría el mapa político de América Latina.

Hasta su éxito, las corrientes de izquierda no conseguían victorias por vía del voto popular y tenían en los golpes contra Juan Bosch (1963) y Salvador Allende (1973), claras manifestaciones de la inviabilidad de proyectos cercanos a corrientes no deseadas por los intereses de Washington.

Con los precios del petróleo altos, resultó fácil estimular candidaturas presidenciales que se asociaban a la inconsistente noción de socialismo del siglo 21. Ahora bien, la gente olvida que el fenómeno político que rompió en Venezuela con el Pacto de Punto Fijo, colocando en Miraflores a un coronel golpista, no anduvo en principio relacionado con aspectos ideológicos sino inspirado en las ideas del libertador, Simón Bolívar.

La apuesta Chavista recreó una táctica inteligente y reiterada en el continente: capitalizar la rabia de los excluidos. Por eso, las victorias en Bolivia, Argentina, Paraguay, Ecuador, inclusive en el caso mexicano, hacen coqueteos y/o exhiben fascinación por el socialismo, pero su verdadera garantía de triunfo reside en la incorporación de núcleos históricamente excluidos.

Veinte años después del inicio del llamado proceso de viraje hacia la izquierda en el continente, tanto Venezuela como Nicaragua parecen destinadas a resistir cualquier proceso de someterse a la consideración de los ciudadanos como claro indicador de que, intuyen con claridad, la imposibilidad de construir victorias bajo reglas mínimas de observación electoral.

De ahí, el cerco a los opositores, persecución e invalidación de aspirantes presidenciales, llamados a representar la opción política para salir de gobernantes obsesionados con el poder y convencidos de las perturbaciones penales con posterioridad a su salida del tren gubernamental. Tanto las ofertas conservadoras como las de tintes progresistas, se resisten a la alternancia como expresión de fortalecimiento a la esencia del sistema democrático.

Para entender las simpatías conseguidas por Arauz en Ecuador, el triunfo de Hasller en Chile y los votos depositados a favor de Castillo en Perú, debemos reconocer la quiebra de las organizaciones partidarias tradicionales y el afán de los electores en premiar las opciones cercanas a sus intereses.

Inclusive, las fuerzas electorales que, mediante el método democrático, regresaron al poder como en Bolivia y Argentina, lo consiguieron por dos factores básicos: los gobiernos que le sustituyeron al estimular reformas económicas se  olvidaron del impacto en los sectores pobres y las políticas asistencialistas terminaron constituyéndose en caldo del cultivo de una lealtad que se radicalizó a favor del partido que, desde el Gobierno, cooptaba con ayudas al elector incorporado en los programas sociales.   

América Latina, el continente seducido por los discursos redentores y la magia revolucionaria de Fidel Castro, encontró en la rabia de los excluidos la base de una legitimidad democrática de mayor trascendencia que la entrada a La Habana en 1959 y los 9 comandantes ingresando con tanques por las calles de Managua.

Por eso, los clásicos partidos perdieron su lazo con la sociedad del siglo 21, al falsamente interpretar que el modelo de pluralidad serviría de bujía inspiradora y fuente sepulturera del discurso redentor y justiciero.

Se equivocaron. Antes, inspirados en la llegada de un proceso revolucionario, y ahora, un crecimiento desigual, una educación capaz de preparar a los que más pueden para el país del siglo 21 y el resto condenado a la mediocridad, se convirtieron en la fuente por excelencia de desplazar del poder a todo lo que asciende y no llena las expectativas elementales.

La nueva realidad política es innegablemente menos ideologizada, y así y sin pretenderlo, se allana el camino de vengadores sociales. Sin destrezas, ni herramientas fundamentales para la gestión y validados por los electores. ¡Culpables, somos todos!

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