Aprovechan tragedia del Jet Set para dejar en libertad a Micky López

Santo Domingo – En medio del revuelo mediático generado por la tragedia ocurrida en el centro nocturno Jet Set, El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Vega declaró este miércoles la extinción de la acción penal en el proceso seguido contra el empresario Miguel Arturo López Florencio, alias “Miky” López, y varios miembros de su familia, quienes habían sido arrestados por presuntos vínculos con actividades ilícitas. La decisión fue emitida cuando el caso aún se encontraba en etapa preliminar.

Según el expediente del Ministerio Público, los acusados formaban parte de una estructura dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico, mediante el uso de empresas de carpeta que introducían en el sistema financiero dominicano miles de millones de pesos y dólares con apariencia de legalidad. De acuerdo con las investigaciones, la red habría movilizado más de 8 mil millones de pesos en fondos de origen ilícito.

Junto a López fueron imputados sus hijos Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte; Ada María Pilarte; José Antonio Román; y varias empresas presuntamente utilizadas como fachada: Auto Crédito Selecto, SRL.; Servi Crédito Selecto, SRL.; Agropecuaria Gloria Ivette, SRL.; e Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL.

Uno de los supuestos cabecillas de la red, Pablo Antonio Martínez Javier, señalado como socio principal de “Miky” López, continúa prófugo desde el año pasado.

El tribunal basó su decisión en el artículo 148 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, que establece un plazo máximo de cuatro años para la duración de un proceso penal, contado a partir de los primeros actos del procedimiento. Este plazo puede extenderse seis meses adicionales si se ha dictado sentencia condenatoria, con el fin de tramitar recursos. No obstante, la normativa también establece que este plazo no debe computarse cuando existen suspensiones causadas por maniobras dilatorias del imputado o por causas como la rebeldía o fuga, lo que, según el Ministerio Público, es precisamente lo que ha ocurrido en este caso.

El expediente contiene pruebas sustanciales que justifican la continuación del proceso y una decisión de fondo. Cerrar este caso sin llegar al fondo enviaría un mal mensaje en momentos donde el país exige justicia frente al lavado de dinero y al narcotráfico.

Ante esto, el órgano acusador anunció que alista un recurso de impugnación ante instancias superiores con el objetivo de que se revoque la decisión judicial y se reactive el proceso penal. Argumentan que el expediente no solo contiene pruebas contundentes sobre una red de crimen organizado, sino que también ha enfrentado tácticas dilatorias que interrumpieron el desarrollo normal del juicio.