El caso de Gaspar Antonio Polanco-Virella reabre el debate sobre los vínculos entre el poder municipal y redes criminales internacionales SANTO DO
El caso de Gaspar Antonio Polanco-Virella reabre el debate sobre los vínculos entre el poder municipal y redes criminales internacionales
SANTO DOMINGO. — La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, enfrenta una nueva tormenta política tras revelarse que Gaspar Antonio Polanco-Virella, quien ocupó cargos de confianza en su gestión, es solicitado en extradición por Estados Unidos acusado de narcotráfico internacional.
Polanco-Virella, conocido como “El Grande”, fue director de Servicios Públicos y posteriormente encargado de Recuperación de Espacios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional entre 2020 y 2023. Ambos puestos fueron designaciones bajo la administración de Carolina Mejía, actual secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La información se conoció tras la publicación de un expediente judicial del Distrito Sur de Florida, identificado como 25-CR-20430-MOORE/D’ANGELO, donde se acusa a Polanco-Virella y a Fabio Augusto Jorge-Puras, alias “El Vecino”, de liderar una red dedicada a la distribución e importación de cocaína desde República Dominicana, Colombia y otros países hacia Estados Unidos.
Fuentes judiciales confirman que Washington ha solicitado su extradición, aunque la Procuraduría General aún no ha confirmado la recepción formal del expediente.
Un hombre de confianza con pasado político conocido
Antes de llegar al cabildo, Polanco-Virella había trabajado como miembro del equipo de seguridad del expresidente Hipólito Mejía, figura histórica del PRM y padre de la actual alcaldesa. Su ascenso dentro de la estructura municipal fue rápido, y durante su paso por la dirección de espacios públicos se le veía con frecuencia supervisando operativos en el centro de la ciudad.
Hoy, su nombre aparece en una acusación por tráfico internacional de drogas que amenaza con salpicar a toda la administración que lo cobijó.
“El Grande” y su coacusado, Jorge-Puras, habrían coordinado —según la acusación estadounidense— el envío de cargamentos de cocaína utilizando rutas comerciales y contactos institucionales para encubrir las operaciones. Jorge-Puras, por su parte, fue asesor honorífico del Poder Ejecutivo para el desarrollo de las zonas francas y tesorero de las Águilas Cibaeñas, lo que amplía las ramificaciones políticas del caso.
Otro funcionario bajo la lupa: el regidor Yeyea
El escándalo no se detiene ahí. En el mismo Ayuntamiento, otro miembro del PRM enfrenta acusaciones similares. Se trata de Edickson Herrera Silvestre, conocido como “Yeyea”, regidor por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, imputado por la justicia estadounidense en marzo de este año bajo el expediente 25-CR-20095-BLOOM/ELFENBEIN.
Herrera es acusado de conspirar para distribuir cocaína y de formar parte de una red criminal transnacional. El PRM informó en abril que había iniciado un proceso disciplinario y recomendado su suspensión, pero hasta la fecha no se ha informado si se ha concretado.
El hecho de que tanto Polanco-Virella como Herrera hayan ocupado cargos durante la gestión de Carolina Mejía refuerza las críticas sobre la falta de controles institucionales dentro del cabildo y del propio partido de gobierno.
Silencio oficial y cuestionamientos políticos
Hasta el momento, la alcaldesa Carolina Mejía no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el caso. Desde el Ayuntamiento se emitió un comunicado escueto señalando que “cada quien es responsable de sus actos” y que la institución “colaborará con las autoridades competentes”.
Sin embargo, la falta de respuestas concretas ha generado preocupación entre analistas y ciudadanos. “No se trata solo de responsabilidad penal, sino de responsabilidad política”, advierten expertos en gobernanza local.
El caso también plantea interrogantes sobre cómo un funcionario con presuntos vínculos con el narcotráfico logró ocupar cargos estratégicos en la gestión del Distrito Nacional y sobre qué mecanismos de depuración se aplican en las instituciones públicas.
Un golpe a la imagen del PRM
La magnitud de las acusaciones ha causado impacto dentro del PRM, donde ambos acusados fueron figuras activas. Polanco-Virella tenía cercanía con dirigentes de alto nivel, mientras que “Yeyea” era un regidor en ejercicio, con presencia constante en actos políticos y comunitarios del partido en la capital.
El silencio del PRM y de la propia alcaldesa alimenta sospechas y debilita el discurso de transparencia que el partido ha intentado sostener en los últimos años.
En medio de las tensiones internas y las críticas públicas, el caso deja una pregunta que aún retumba en los pasillos del Ayuntamiento y en el escenario político nacional:
¿Hasta dónde llega la influencia del narcotráfico en las estructuras del poder municipal y quién responde por los funcionarios que abren sus puertas?
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