Familias de las víctimas en el JetSet demandarán a Antonio Espaillat, Carolina Mejía y Carlos Bonilla

Las familias de las víctimas del trágico suceso ocurrido en las instalaciones del centro nocturno JetSet anunciaron que procederán judicialmente contra el empresario Antonio Espaillat, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y funcionarios del Gobierno central, a quienes acusan de negligencia y omisión de funciones públicas que pudieron prevenir la tragedia.

Según los abogados representantes de los familiares, también se incluirá en la demanda a Carlos Bonilla, Ministro de Vivienda y Edificaciones.

Las demandas se basan en el incumplimiento de normativas de supervisión, habilitación y control de estructuras de uso público, especialmente aquellas que implican actividades nocturnas y de alta concurrencia.

Fundamentos legales:

Los demandantes citan como base legal los siguientes artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios:

• Artículo 114 del Código Penal: Sanciona a los funcionarios públicos que, por imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes, ocasionen daños a la seguridad pública o la vida de los ciudadanos.
• Artículo 123 del Código Penal: Establece responsabilidad penal a toda autoridad que, con conocimiento de riesgos existentes, omita actuar o prevenir situaciones de peligro.
• Ley 176-07, Art. 19 y 20: Obligaciones de los alcaldes y regidores de velar por el cumplimiento de normativas municipales en materia de seguridad, uso del suelo y permisos de funcionamiento.
• Ley 687-82 sobre Normas Técnicas de Construcción: Que impone responsabilidades tanto al propietario como a las autoridades que certifican estructuras sin cumplir requisitos mínimos.

“Las autoridades tenían la responsabilidad de inspeccionar, advertir y actuar ante las múltiples denuncias que se hicieron sobre la precariedad estructural y operativa del JetSet. No lo hicieron, y por eso ahora tendrán que responder ante la justicia”, declaró la abogada Maritza Taveras, representante legal de varias de las familias afectadas.

Los familiares aseguran que ya se han reunido con la Defensoría del Pueblo y están evaluando presentar el caso ante organismos internacionales si no se garantiza un proceso judicial independiente y transparente en el país.

Hasta el momento, ninguna de las figuras citadas ha emitido declaraciones oficiales sobre la demanda. La presión social sigue creciendo, y diversos sectores de la sociedad civil exigen justicia, reformas estructurales en la supervisión de establecimientos públicos y sanciones ejemplares para los responsables de lo ocurrido.