Jorge Luis Polanco, el abogado del gobierno que representará a Antonio Espaillat

Santo Domingo, R.D. – Jorge Luis Polanco Rodríguez, abogado conocido por su rol como “caza recompensas” del gobierno dominicano, vuelve al centro de la atención pública tras ser vinculado como posible defensor del empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, escenario de una tragedia que cobró la vida de al menos 231 personas y dejó más de 150 heridos tras el colapso de su techo en abril de 2025.

Polanco, quien fue designado en enero de 2021 por el presidente Luis Abinader como coordinador general del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), fue el rostro visible de múltiples intentos del gobierno para recuperar fondos desviados en casos de corrupción de alto perfil, como Medusa, Coral, Calamar y Antipulpo. Bajo su coordinación, el ERPP aseguró más de 550 millones de pesos dominicanos en acuerdos extrajudiciales y procesos civiles, aunque no sin controversias.

Durante su gestión, trascendieron tensiones con la Procuraduría General de la República. Fuentes internas denunciaron que el accionar de Polanco, muchas veces paralelo e independiente del Ministerio Público, dificultaba la coherencia de los procesos judiciales. En varias ocasiones, la procuradora Miriam Germán Brito habría cuestionado la legalidad de algunos acuerdos alcanzados por el ERPP sin el debido acompañamiento del Ministerio Público, lo que generó fricciones institucionales y dudas sobre la transparencia del equipo.

Ahora, con la posibilidad de asumir la defensa de Antonio Espaillat en un caso que ha conmocionado al país, Polanco se encuentra en una situación que muchos consideran contradictoria: de representante del Estado en la lucha contra la corrupción, a defensor privado en uno de los escándalos más graves por negligencia estructural en la historia reciente de la República Dominicana.

El rol que jugará en esta nueva etapa, y cómo se manejarán los posibles conflictos de interés, será observado de cerca por la opinión pública. Mientras tanto, la tragedia del Jet Set sigue provocando indignación nacional y reabre el debate sobre la regulación de la infraestructura privada y la responsabilidad empresarial frente a la seguridad ciudadana.