Santo Domingo, República Dominicana. – La tragedia ocurrida en la icónica discoteca Jet Set, donde el colapso del techo cobró vidas humanas y provocó
Santo Domingo, República Dominicana. – La tragedia ocurrida en la icónica discoteca Jet Set, donde el colapso del techo cobró vidas humanas y provocó múltiples heridos, continúa sacudiendo la conciencia nacional y ha encendido las alarmas sobre el cumplimiento de las normas estructurales en edificaciones de uso público.
En el centro de este debate surge la responsabilidad del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) y su titular, el ingeniero Carlos Bonilla.
Conforme a la Ley 160-21, que rige las funciones del MIVED, esta entidad es responsable de emitir permisos de construcción, garantizar el cumplimiento de los reglamentos técnicos, y realizar auditorías estructurales periódicas que aseguren la integridad de edificaciones como la del Jet Set. El Artículo 5 la define como órgano rector en materia de edificaciones, mientras que el Artículo 8 establece su deber de fiscalizar la seguridad y legalidad de las obras civiles, sean públicas o privadas.
Sin embargo, la ausencia de una fiscalización efectiva en esta estructura de alta concurrencia —como lo exige también el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)— deja en evidencia una cadena de omisiones que apuntan directamente al MIVED. Se desconoce si existía una certificación estructural actualizada o si hubo algún seguimiento técnico en los últimos años.
A este escenario se suman serios cuestionamientos públicos por posibles actos de corrupción vinculados al ministro Bonilla durante su gestión. En el último año, su nombre ha sido citado en informes y denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades en procesos de licitación, asignaciones directas de obras sin concurso, y el manejo poco transparente de contratos millonarios en proyectos de vivienda del Estado.
Uno de los casos más notorios es la adjudicación de proyectos a empresas relacionadas con funcionarios y allegados, que ha sido objeto de críticas por parte de sectores sociales y de transparencia.
Aunque hasta el momento no se han judicializado estos señalamientos, la acumulación de cuestionamientos debilita la credibilidad de la gestión del ministro frente a su responsabilidad como garante de la seguridad estructural en edificaciones del país.
La tragedia del Jet Set expone no solo un posible fracaso institucional, sino también un patrón más amplio de falta de control, de vigilancia y de rendición de cuentas en el sistema.
¿Pudo evitarse esta tragedia con una gestión más proactiva y transparente?
¿Se está priorizando la seguridad ciudadana por encima de los intereses políticos o económicos?
Los dominicanos exige respuestas claras, justicia para las víctimas, y un compromiso real con el cumplimiento de la ley. La vida de los ciudadanos no puede seguir dependiendo de la negligencia de quienes ostentan cargos públicos.
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