La justicia no puede seguir en silencio ante los escándalos del MINERDEn La Nación hemos seguido con rigurosidad las denuncias que desde hace meses g
La justicia no puede seguir en silencio ante los escándalos del MINERD
En La Nación hemos seguido con rigurosidad las denuncias que desde hace meses golpean al Ministerio de Educación bajo la gestión del ministro Ángel Hernández.
Los informes, investigaciones preliminares y revelaciones públicas muestran un patrón preocupante de irregularidades que afectan directamente los recursos más sagrados de la sociedad: los destinados a la educación de nuestros hijos.
No se trata de simples rumores. La propia Dirección General de Ética e Integridad
Gubernamental (DIGEIG), encabezada por Milagros Ortiz Bosch, remitió a la Procuraduría un expediente con evidencias de transferencias millonarias para reparaciones en escuelas rurales que no lo necesitaban.
Millones y millones de pesos habrían sido utilizados de manera irregular, sin transparencia ni justificación.
Tampoco podemos olvidar las licitaciones del INABIE, donde se detectaron conflictos de interés, colusión de oferentes, cronogramas irregulares y contratos a empresas sin capacidad técnica.
El resultado: un sistema que debía garantizar alimentación y utilería escolar quedó manchado por la sombra de la corrupción y la improvisación.
A ello se suman los cuestionamientos por los contratos entre la UAPA —universidad en la que el ministro tuvo un rol de dirección— y el Estado, a través del INAFOCAM, por más de trece millones de pesos. Aunque Hernández alegue que delegó sus funciones en la academia al asumir el cargo, la sola apariencia de conflicto de interés amerita escrutinio y una investigación seria.
Más grave aún: se han denunciado pagos en proyectos de construcción que ni siquiera han iniciado, un manejo irregular de la Oficina de Cooperación Internacional del MINERD para fines distintos a los que le corresponden, y la persistente opacidad en contrataciones y adjudicaciones.
La Nación se pregunta: ¿dónde está la Procuraduría? ¿Por qué la Procuradora
Yeni Berenice Reynoso no ha avanzado con procesos judiciales claros y contundentes? El silencio prolongado alimenta la percepción de que existen intocables, blindados por vínculos políticos y familiares, mientras el país clama por justicia.
La educación recibe el 4 % del PIB, un sacrificio colectivo de la nación dominicana. Cada peso desviado, malgastado o manipulado en beneficio de intereses particulares es un golpe directo al futuro de millones de niños y jóvenes.
Como medio comprometido con la transparencia y la democracia, exigimos que el Ministerio Público actúe ya. Que se investiguen a fondo las denuncias sobre sobrevaloración de obras, licitaciones viciadas, conflictos de interés y manejos turbios en el MINERD.
Y que los responsables, sin importar jerarquía ni apellido, enfrenten la justicia.
La Nación no se quedará callada.
Reiteramos nuestra responsabilidad de servir como voz crítica y como vigía de la sociedad. Los ciudadanos merecen respuestas. La educación merece respeto.
Y la justicia no puede ser selectiva.
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